14 años. Esa es la edad a la que Santiago Menchero, Kike Román y Lola Meño comenzaron a trabajar. Santiago era botones en una empresa que fabricaba limpiaparabrisas, Lola entró en una imprenta y Kike repartía libros en una editorial. Era otra época, los años 60, cuando la edad legal para empezar a trabajar estaba en los 14 años y muchos adolescentes cambiaban los estudios o el tiempo libre por una jornada laboral. Kike recuerda todavía la insistencia de su madre: "Kike, que te aseguren, que te aseguren", le repetía.Entonces, estar "asegurado" significaba empezar a construir una vida laboral con derechos. Más de medio siglo después, los tres sienten que ese recorrido no se les ha reconocido del todo: cotizaron durante más de cuatro décadas, pero hoy arrastran una pensión reducida por haberse retirado antes de la edad ordinaria de jubilación. Santiago y Lola hablan de un recorte del 24%; Kike, del 26%.Los tres forman parte de Asjubi40, la Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar con 40 o más años cotizados, y han hecho llegar su historia a 20minutos a través de nuestra comunidad, Ciudadano20. Su reivindicación es concreta: que se eliminen los coeficientes reductores para aquellas personas que han cotizado 40 años o más y accedieron a la jubilación anticipada. No piden, insisten, una jubilación anticipada generalizada ni sin requisitos. Reclaman que, después de cuatro décadas o más aportando al sistema, la reducción de su pensión no les acompañe de por vida. Según la asociación, el problema afecta a unas 900.000 personas.Coeficientes reductoresLos coeficientes reductores son porcentajes que reducen la pensión cuando una persona se jubila antes de la edad ordinaria. Según la lógica del sistema, quien empieza a cobrar antes, previsiblemente, cobrará durante más años, por eso los coeficientes se aplican como medida de ajuste. Aunque no se aplican igual a todos: varían según los años cotizados y los meses que se adelante la jubilación.El elemento que más indigna a Asjubi40 es que esa reducción se aplica sin tener en cuenta a las largas carreras de cotización y se queda incorporada a la pensión para siempre. Para Santiago Menchero, vicepresidente y portavoz de la asociación, ahí está la paradoja. "Una persona que se jubila a su edad ordinaria, con 26 años cotizados, cobra un 76% de su pensión. Eso es lo mismo que yo cobro, que he cotizado 47 años", sostiene.Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social y divulgador sobre pensiones, cree que el debate debe leerse también desde el principio de contributividad del sistema. "Una persona que ha cotizado 44 años, ¿es justo que en un sistema basado en el pilar contributivo tenga una penalización de por vida? Esa pregunta creo que es la que determina si el sistema actualmente es justo o injusto", plantea.La contradicción, dice, está en que el propio sistema vincula cotización y cuantía de la pensión, pero mantiene el reporte en carreras muy largas."El sistema siempre ha alegado que a más cotización, más pensión; que a más cotización, más porcentaje. Y hay personas que con más de 40 años cotizados se quedan con menos porcentaje de por vida. ¿Dónde está la contributividad aquí?".Una generaciónDetrás de la reclamación hay también una lectura generacional. Santiago Menchero nació en Madrid, hijo de una familia procedente de Castilla-La Mancha que llegó a la capital "a quitarse el hambre". Empezó a trabajar en 1966. "La mayoría de nosotros empezamos a trabajar con 14 años porque en la familia hacía falta dinero. Era o comías y te ibas a trabajar para ayudar a la familia o pasabas hambre en aquella época", recuerda.El suyo fue un aprendizaje dentro de la empresa. Entró como botones y fue ascendiendo hasta ocupar puestos de responsabilidad. Cotizó durante 47 años, pero tras un despido y un tiempo en paro, a los 61 años acabó accediendo a la jubilación anticipada. Él lo recuerda como una salida forzada: "Te obligaban a jubilarte anticipadamente, sin pedirlo", sostiene. Según relata, en aquel momento, "si tu pensión era un euro más que lo que te pagaban del paro, te obligaban a jubilarte".Lola Meño, responsable de documentación en Asjubi40, matiza que en su caso no empezó a trabajar por necesidad económica, sino por una decisión propia en un contexto familiar concreto. "A mi padre le costó llorar que yo me fuese a trabajar", cuenta. Él le puso una condición: que siguiera estudiando. Y así lo hizo. Trabajaba y después estudiaba por las tardes. "Antes no eran jornadas de ocho horas como ahora, eran jornadas de diez horas de lunes a sábado", recuerda.A Lola la despidieron con 58 años "por ser legal": "Me obligaron a firmar unas cuentas que eran falsas y me negué. A los 15 días estaba en la calle porque habían presentado un ERE y la primera en salir fui yo", cuenta todavía dolida. Cuando se le acabó el paro, buscó trabajo, pero debido a su edad nadie la contrataba. "Entonces no me quedó otra que jubilarme a los 61", explica. Lleva siete años cobrando un 24% menos en su pensión. "Yo creo que ya he pagado mi deuda", sostiene.En ese sentido, Kike Román, responsable de comunicación de la asociación, habla de la "doble penalización" que sufren: primero, la salida del mercado laboral, después, el recorte de la pensión. "Sales penalizado y después llega el Estado y te penaliza otra vez", resume. Tras sus primeros trabajos en una editorial, desarrolló casi toda su carrera en una mutua, donde llegó a ser director de Comunicación Autonómico de Castilla-La Mancha y Madrid. Fue despedido en 2016, estuvo dos años en paro y en 2018 se jubiló anticipadamente. Por unos meses, dice, no se le aplicó un recorte del 24%, sino del 26%.Muñoz Cuenca cree que, en muchos casos, la etiqueta de jubilación "voluntaria" no basta para entender la realidad laboral que hay detrás. Habla de trabajadores expulsados del mercado laboral, de paro sénior, de edadismo y de desgaste físico o emocional. "Si la solución que tú le das a estas personas una vez que han agotado el desempleo es un subsidio para mayores de 52 años de 480 euros, casi que se ven obligados a coger una jubilación anticipada", recalca.Cambios insuficientesDesde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defienden que el sistema español "es un sistema de reparto, que, a la hora de determinar la pensión de jubilación, se basa en la combinación equilibrada de dos factores: edad de jubilación y tiempo de cotización". Esa combinación, sostienen, "es clave para garantizar la equidad y la sostenibilidad del sistema".En esa línea, Inclusión señala la Ley 21/2021 como la principal reforma reciente, que "beneficia particularmente a quienes, de forma involuntaria, han salido antes del mercado de trabajo, pues reorganiza los coeficientes reductores mejorando las condiciones de acceso y cálculo de la pensión en los supuestos de jubilación anticipada involuntaria".También, recuerdan desde el Ministerio, se estableció un complemento económico para quienes hubieran accedido a la jubilación anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, con 44 años y seis meses cotizados, o con 40 años cotizados y una pensión inferior a 900 euros. "Se pretendió con ello mantener el equilibrio en las prestaciones y premiar las carreras largas de cotización", afirman desde el Ministerio.Muñoz Cuenca matiza esa lectura. Reconoce que la Ley 21/2021 modificó la forma de aplicar los coeficientes y creó un complemento, pero cree que su alcance debe analizarse "con lupa": "Si a una persona con más de 40 años cotizados le quedan menos de 900 euros, esto es un fracaso del sistema", sostiene. También considera clave conocer cuántas personas se han beneficiado de ese complemento: "Sería cuestión de que el Ministerio aclare a cuántas personas ha afectado y en qué cuantía". Consultado de nuevo por este periódico sobre esos datos, el Ministerio se remitió a la respuesta ya facilitada y no añadió más valoración.Desde Asjubi40 consideran insuficiente aquel complemento. Santiago sostiene que, en algunos casos, la mejora se quedó en cantidades muy bajas: "5 euros, 10 euros", dice, y que, además, no llegaba a todo el colectivo: "Nosotros nunca dimos por válido eso porque no llegaba a todas las personas. Lo que queremos es la eliminación total", afirma con contundencia.El costeEl coste es uno de los principales argumentos que sobrevuelan el debate. El Gobierno valora en 3.358 millones de euros anuales el coste de eliminar la penalización a las largas carreras de cotización. Santiago rechaza que la justificación del coste pueda servir para dejar la situación como está. "No hay excusa de que esto cuesta 3.000 millones, que es muy caro. Para arreglar una injusticia no se miran los millones", afirma.Muñoz Cuenca no niega el impacto económico, pero pide mirarlo en contexto. "Estamos hablando de 3.000 millones de euros sobre un presupuesto de más de 200.000 millones de euros anuales. Ahí puedes sacar cuál es el porcentaje que supondría".Además, compara las largas carreras con otros supuestos de jubilación anticipada sin penalización y recuerda que algunos colectivos con trabajos penosos o peligrosos financian ese anticipo con una sobrecotización específica. En el caso de quienes han trabajado 44, 47 o 48 años, sostiene, existe otra forma de aportación acumulada: "Un trabajador que ha cotizado 48 años ya ha tenido lo que nosotros llamamos exceso de cotización de 12 años. Por eso no vale con decir que esto cuesta dinero, porque esa persona ha estado contribuyendo durante 48 años".La lucha sigueEn los últimos años, la reivindicación ha llegado varias veces a las instituciones. En 2024, el Grupo Mixto, por iniciativa de Podemos, registró en el Congreso una Proposición de Ley de jubilación sin penalización, que planteaba modificar la Ley General de la Seguridad Social para que, tras 40 años cotizados, no se aplicaran coeficientes reductores.En paralelo, Asjubi40 llevó su reclamación al Parlamento Europeo, cuya Comisión de Peticiones debatió el caso en septiembre de 2025, manteniendo abierta la petición y pidiendo una respuesta escrita a la Comisión Europea, una vía que no obliga por sí sola a cambiar la normativa española, pero que ha internacionalizado la reivindicación.Unos meses después, el 13 de noviembre de 2025, el Pleno del Congreso aprobó una moción que instaba al Gobierno a impulsar reformas en esa misma línea. Salió adelante con 180 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Grupo Mixto) y 170 abstenciones (PP y Vox), sin ningún voto en contra.Para Muñoz Cuenca, esto demuestra que el problema no quedó atajado con la reforma de 2021. "Cuando el Congreso aprueba esa moción es porque está diciendo: señores, lo que se hizo en la Ley 21/2021 parece que no ha satisfecho o no ha solucionado aquel problema que teníamos con las jubilaciones anticipadas de las largas carreras de cotización", señala. "No solo lo está diciendo Asjubi40. No solo lo estamos diciendo muchos expertos. También lo ha dicho el Congreso de los Diputados".