Actualizado Jueves,

junio

22:54En el pa�s por excelencia de los propietarios y el ladrillo, el pa�s donde el patrimonio inmobiliario es una de las f�rmulas para sacar partido de los ahorros y para acumular riqueza de cara al futuro, pagar una vivienda hoy en d�a convierte a muchos ciudadanos en pobres, o al menos, les pone en alto riesgo de saltar el umbral de la pobreza. Sobre todo si cada mes tienen que hacer frente a una renta de alquiler (m�s los gastos de suministros del hogar) y sobre todo si la persona en cuesti�n es joven o inmigrante (o las dos cosas).Ese gesto, es decir, el hecho de sufragar una hipoteca o un arrendamiento mensual y abonar tambi�n todos los gastos asociados a una casa, sit�a a uno de cada tres j�venes en situaci�n de pobreza. As� lo pone en evidencia el estudio Desajustes en el mercado de la vivienda en Espa�a publicado por la Fundaci�n BBVA y el Ivie. El informe destaca que la tasa de pobreza (entendiendo como tal el porcentaje de hogares con recursos inferiores al 60% de la mediana de la renta) se situaba en Espa�a en 2025 en el 19,5%, aunque si esa tasa se calculase teniendo en cuenta adem�s el gasto en vivienda, es decir, descontando de la renta disponible todos los gastos asociados a una pagar una casa (bien sea en propiedad o en alquiler), la tasa de pobreza se elevar�a hasta el 23%. Las consecuencias son m�s profundas para los menores de 34 a�os, cuya tasa de pobreza es del 24,5% pero se elevar�a al 32,9% si se descontase el gasto en vivienda. Se trata de una distancia de m�s de 8 puntos que da cuenta de c�mo este colectivo es uno de los que m�s duramente est� sufriendo la crisis de accesibilidad actual. Otro dato en este sentido es el sobresfuerzo: el 10% de la poblaci�n realiza ese esfuerzo para pagar vivienda, es decir, destina m�s del 40% de su renta a una casa, pero el porcentaje de j�venes que sufre ese sobrecoste se eleva hasta el 19,6%. Buena parte de esa presi�n viene por el lado del alquiler, que va ganando peso en este grupo de poblaci�n frente a la propiedad. Un 45% de los hogares j�venes escoge el arrendamiento, mientras que el porcentaje de j�venes con vivienda en propiedad ha pasado del 65% en 2008 al 40,8% en 2025. "Las dificultades para acumular ahorro por los bajos salarios, el retraso en la recepci�n de herencias y unos criterios m�s prudentes de acceso al cr�dito hipotecario explican este desplazamiento hacia el alquiler, no porque este �ltimo resulte m�s barato sino porque exige un menor desembolso inicial que el necesario para acceder a la vivienda que la propiedad", recoge el estudio. "De hecho, que los j�venes de entre 16 y 34 a�os emancipados destinen casi un 29% de los ingresos del hogar a la vivienda -10 puntos porcentuales m�s que los mayores de 34- refleja el hecho de que los j�venes residen en mucha mayor proporci�n en alojamientos arrendados en alquiler de mercado, que es precisamente el r�gimen que exige un mayor esfuerzo econ�mico", a�ade.La situaci�n de una parte de los hogares migrantes no es mejor. El estudio pone el foco en la distinci�n entre el "colectivo de extranjeros no residentes con rentas altas que compra vivienda en zonas costeras, tur�sticas o grandes ciudades" y "los extranjeros residentes por motivos laborales", que se ven relegados mayoritariamente a la vivienda en alquiler (el 63,4% del total). Entre estos �ltimos, la tasa de pobreza se sit�a en el 44,7%, aunque si se tienen en cuenta los gastos en vivienda, se dispara al 52,3%. Es este perfil tambi�n el que soporta un mayor sobresfuerzo sobre sus rentas: el 25,8% de los inmigrantes residentes destinan m�s del 40% de sus ingresos a gastos en vivienda frente al 9% de media para el conjunto de la poblaci�n en Espa�a. "El resultado de esta sobrecarga es que los hogares que la padecen disponen de menos recursos para el resto de los gastos del hogar. Si a ello se a�ade que los hogares encabezados por inmigrantes suelen tener mayor tama�o -su tasa de natalidad es mayor-, tienen m�s dificultades para acceder a ayudas p�blicas y una red social de apoyo m�s d�bil, el resultado es un aumento de la frecuencia de los problemas de privaci�n de vivienda o de precariedad habitacional (hacinamiento, carencias graves en las condiciones del alojamiento o del entorno)". 900.000 viviendas p�blicasLos responsables del estudio, Francisco P�rez y Jos� Garc�a Montalvo, plantean la urgencia de corregir la escasez de viviendas y reducir el sobresfuerzo en el pago mediante f�rmulas que pasan por impulsar la construcci�n industrializada, agilizar la gesti�n urban�stica y la concesi�n de licencias o favorecer mecanismos "para coordinar las competencias urban�sticas en los diferentes niveles de la administraci�n con el fin de evitar que los intereses locales o particulares en la gesti�n de suelo y urbanismo se conviertan en barreras". Adem�s, los autores ponen el foco en el reducido per�metro del parque p�blico de vivienda, que agrava la situaci�n porque el Estado no tiene capacidad para dar una soluci�n habitacional a los hogares que m�s lo necesitan. La vivienda p�blica en Espa�a supone apenas un 3,3% del parque total, frente al 8% de media en la Uni�n Europea. "Alcanzar este peso medio europeo en nuestro pa�s requerir�a que el n�mero de viviendas destinadas a alquiler social aumentase en aproximadamente 900.000", cuantifican. Sin embargo, tambi�n reconocen que es un "objetivo no alcanzable a corto plazo y que requerir� pol�ticas duraderas y bien orientadas [...] Para conseguir ese cambio de escenario ser� fundamental incrementar de manera importante y continuada a lo largo de muchos a�os la oferta de vivienda social en alquiler, y que solo las familias que cumplan determinados criterios de ingresos y estructura familiar puedan optar a ellas. Adem�s, es necesario que las viviendas p�blicas de alquiler conserven esa condici�n de manera indefinida", proponen. Para agilizar la necesidad de poner vivienda p�blica en el parque residencial, el estudio plantea opciones como que el sector p�blico compre o gestione parques de vivienda que en la actualidad son privados para convertirlos en oferta asequible; adaptar el modelo Dubl�n, "consistente en que los grandes tenedores cedan viviendas en alquiler con un precio un 20% por debajo del precio de mercado, lo que podr�a sumar a la oferta de alquiler social unas 25.000 viviendas"; incorporar al parque p�blico las viviendas del Fondo Social de Vivienda , que gestiona 9.886 viviendas de los bancos o las m�s de 40.000 viviendas de la Sareb (Sociedad de Gesti�n de Activos Procedentes de la Reestructuraci�n Bancaria); comprar viviendas a grandes tenedores o utilizar la v�a del tanteo y retracto sobre edificios en venta para incorporarlos al patrimonio p�blico y, por supuesto, construir m�s viviendas para alquiler social. Se�ala igualmente a la conveniencia de un pacto de estado entre las fuerzas pol�ticas y que ese acuerdo deber�a girar en torno a que las viviendas financiadas con fondos p�blicos "tengan una calificaci�n p�blica indefinida para ofrecerla en alquiler social y no en propiedad". Paralelamente, subraya la necesidad de aumentar la oferta de alquiler en el mercado libre mediante una regulaci�n m�s favorable a la actividad o mediante f�rmulas destinadas a prevenir impagos de alquiler o desahucios. "Puede haber f�rmulas eficaces y menos costosas para las Administraciones que las actualmente utilizadas para ofrecer alojamiento a las familias desahuciadas", recoge.