Kalita Fernández no sabía si la noche de este lunes sería la última que pasaría en el piso de Badalona donde han nacido y crecido seis de sus siete hijos, menores de edad. Su desahucio estaba previsto para este martes, pero la comitiva judicial lo ha aplazado a última hora hasta el 25 de junio. “Si me echan, volveré a ocupar porque no tengo alternativa”, avanza esta mujer.
El de Kalita Fernández podría haber sido uno de los miles de desahucios invisibles. Unos pocos vecinos del colectivo Badalona Acull se han congregado en el piso para intentar frenarlo, pero finalmente no ha sido necesaria la protesta. La comitiva judicial ha concedido una suspensión por la situación médica de la hija menor de la mujer, de un año, que necesita estar conectada a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre.
Durante estas dos semanas, el abogado de oficio de Fernández, Antoni Mansilla, confía en poder recabar toda la documentación que le ha requerido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si suspende su desahucio.
El caso de Kalita Fernández ilustra cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, impasible con los más débiles. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advierte del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.
