Legislatura varada, imposibilidad de acuerdos con los socios, procesos judiciales en marcha, desazón en los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno y desasosiego en amplios sectores del PSOE. Esta panoplia política y emocional se cierne sobre la política española del lado de la coalición del Ejecutivo y de la izquierda, pero no propiciará un adelanto electoral. Con esa realidad tratará de llegar el presidente, Pedro Sánchez, hasta el final de la legislatura, en el verano de 2027. Aunque previsible, el aviso de continuidad que este domingo dirigió Sánchez especialmente al PNV y a Junts, cobra una dimensión especial en medio de graves investigaciones en los tribunales y ante la petición de los nacionalistas de ir a elecciones. El jefe del Ejecutivo no les va a hacer el trabajo. Si quieren terminar ya la legislatura tendrán que ponerse en marcha y utilizar el instrumento que tienen a su alcance: una moción de censura junto al PP y a Vox. Todo resuelto, en ese caso. Los números dan y el presidente investido, Alberto Núñez Feijóo, podría tomar posesión y en el plazo preceptivo, convocar y celebrar elecciones.Despejada esta duda, al menos de momento, habida cuenta de que Sánchez ha reafirmado que necesita “tiempo” para que las reformas se asienten y la ciudadanía las perciba, nada cambiará sobre la duración de la legislatura. Los canales recónditos entre el PP y los nacionalistas existen, pero están desactivados. Los populares fiaban el golpe final a que el auto del juez Santiago Pedraz hubiera descubierto indicios de financiación ilegal del PSOE. No ha sido así, pero aún queda conocer el sumario y, por tanto, no puede darse por definitivo que el magistrado no pueda ir en esa dirección. Esa fue la línea roja señalada por los socios, incluido Sumar, para dar por acabada la legislatura. Aun así, tanto por parte del Gobierno como de los grupos de apoyo (cada vez en menos asuntos) se establecen apostillas que llevan a posponer cualquier decisión hasta que los indicios se conviertan en pruebas. Y así, hasta llegar al verano del 2027. A Junts y al PNV les frena radicalmente que se les vea junto a Vox. De ahí el callejón sin salida.El acto elegido por Pedro Sánchez para reafirmarse en su voluntad de continuar tras la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del partido que dirige tiene su simbología. Se trataba de la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas de España (JSE), que ha elegido secretaria general a la madrileña Aránzazu Figueroa. Un congreso celebrado en una de las sedes emblemáticas de la UGT en Madrid y en el que Sánchez pudo imbuirse en el ambiente de la familia socialista.Nadie esperaba que en este contexto el líder del PSOE fuera a extenderse sobre los sumarios abiertos. Solo unas pinceladas para dejar claro el reconocimiento “de los problemas” y la determinación de “responder con contundencia a los comportamientos inadecuados” tanto como “a los infundios” y a la mezcla de asuntos. Precisamente, el envoltorio en el mismo paquete de todos los casos judicializados ha permitido que en las filas socialistas, entre los militantes y en los partidos de la izquierda se establezca la sospecha de que hay una operación judicial contra el Gobierno. La reiterada proclama del expresidente José María Aznar para que “el que pueda hacer que haga” alienta esta tesis. Quien abrió el congreso de las Juventudes Socialistas y tomó la palabra el pasado sábado fue la portavoz adjunta del PSOE, Enma López, responsable de Estudios y Programas. La dirigente socialista pidió que no se “politice la justicia ni se judicialice la política”. “En política, a los partidos se nos gana en las urnas, se nos gana con democracia y con votos; colaboramos y dejamos trabajar a la justicia, no destruimos pruebas”, añadió.Ataques al PP también de Pedro Sánchez, pero sin atribuir explícitamente los casos en marcha a un contubernio judicial. Se puede criticar autos judiciales sin que ello conduzca inexorablemente a que esté en marcha una operación como la que reveló el periodista Luis María Ansón contra Felipe González, muy recordada en estos días, señalan dirigentes socialistas que no comparten la existencia de un complot, aunque lo pueda parecer. En febrero de 1998 el periodista, exdirector de Abc, declaraba a la revista Tiempo: “Había que terminar con [Felipe] González, esa era la cuestión. Al subir el listón de la crítica se llegó a tal extremo que en muchos momentos se rozó la estabilidad del propio Estado. Eso es verdad. Tenía razón González cuando denunció ese peligro... pero era la única forma de sacarlo de ahí”. En la militancia del PSOE se ha extendido, según reconocen dirigentes provinciales y cuadros medios, que la historia se repite 30 años después. En los grupos internos circulan declaraciones de la época de Felipe González en las que este alertaba “contra el exceso de poder de los jueces” y calificaba a algunos de “descerebrados”, como recogió El PAÍS el 9 de abril de 1997. Esas evocaciones conviven con la preocupación sobre lo que pueda apuntar el sumario del juez Pedraz.