Sin presupuestos, minado por procedimientos judiciales contra políticos hace poco próximos al presidente Pedro Sánchez, o contra familiares suyos, y con la mayoría de la investidura resquebrajada y renuente para sacar adelante leyes en el Congreso, el Gobierno encara un azaroso tramo final de la legislatura. Ya se verá si ese final llega pronto o tarde. Pero, en todo caso, la perspectiva de una etapa con la acción legislativa al ralentí, por no decir altamente mermada, resulta poco prometedora.Pedro Sánchez es un político a veces sorprendente, capaz de ­regatear y dejar sentado en el suelo al rival, que ha acreditado su habilidad para dar la vuelta a una situación adversa. La de ahora lo es, y no poco. Sobre todo, tras el estallido del caso en el que ha sido imputado el expresidente Rodríguez Zapatero, fiel aliado de ­Sánchez, y el rebrote del caso de la fontanera socialista LeireDíez, ahora ampliado con más revelaciones e imputados.En esta coyuntura, Sánchez ha anunciado una comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación judicial del PSOE, algo que le reclaman tanto desde la oposición como formaciones aún aliadas. Es comprensible que el presidente espere a escuchar lo que antes exponga Zapatero, los días 17 y 18 en la Audiencia Nacional. Pero eso le impedirá ufanarse de diligencia al rendir cuentas. Más bien está tardando.La situación tiene cierto aire de bloqueo, de tiempo suspendido. El Gobierno desea agotar su mandato, y el PSOE trata de recuperar la respiración tras los últimos golpes recibidos. Aunque ahora parece dispuesto a una defensa numantina, después de que el ministro Óscar Puente denunciara el jueves sin ambages un complot para derribar al Ejecutivo mediante un alud de causas judiciales. Es una acusación demasiado grave para lanzarla sin concreciones, puesto que contribuye a fomentar la antipolítica. Y, por decoro institucional, no era el de un ministro en activo el perfil más adecuado para expresar tal denuncia.La perspectiva de una etapa política al ralentí resulta poco prometedoraEl bloqueo persiste por cuanto tampoco el PP puede construir una mayoría alternativa. Alberto Núñez Feijóo rehúsa presentar una moción de censura que tumbe al Gobierno, como la de Sánchez que en el 2018 tumbó al de Rajoy, bien es verdad que después de que el PP fuera condenado a raíz del caso Gürtel. No la presenta porque teme que, si no logra más apoyo que el de Vox, la moción fracase y acabe dando aire a Pedro Sánchez y los suyos y surtiendo el efecto contrario al deseado.Tampoco el resto de los partidos están en disposición de desbloquear esta coyuntura. El PNV ha dicho ya en dos ocasiones que las cosas no pueden seguir así, lo que significa pedir elecciones anticipadas. Pero no se decide, de momento, a apoyar una moción de censura. Lo mismo cabe decir de Junts, de ERC o de otros partidos para los que el PP ha llegado a pedir la ilegalización y que ahora no le secundan. Y menos aún si lo que se les ofrece es un futuro gobierno sujeto a las exigencias de Vox.Así las cosas, y de no aflorar sobresaltos nuevos y fulminantes, el presidente Sánchez podría alargar cuanto deseara lo que la oposición califica de agonía , amparándose en su prerrogativa de convocar elecciones, que otros pueden exigir, pero no ejercer. Ese alargamiento satisfaría quizá los intereses de su formación. Pero desde su posición hay que considerar también, y de modo principal, los del conjunto del país.Es normal e incluso conveniente que la oposición exija al Gobierno, que sobrelleva como puede los efectos indirectos de varias causas judiciales, la higienización de la vida pública. Todos la queremos. Pero cuesta pasar por alto que esta petición llega mientras un exministro del Interior popular inmerso en el caso Kitchen afirma y reitera que él no sabía nada “en absoluto” de lo que se le imputa y por lo que se le piden quince años de cárcel. Su ignorancia parece tan extrema como inverosímil, a la luz de todo lo publicado en los últimos 13 años sobre las andanzas de la llamada “policía patriótica”.Se impone una reflexión colectiva: saltar a otra legislatura sin aprender de esta serviría de pocoLa legislatura puede estar, a efectos prácticos, agotada, como proclaman algunos analistas. Pero saltar a otra sin haber apren­dido nada de esta acaso serviría de poco. Se impone una profunda y sincera reflexión colectiva. Es preciso que los partidos con ­opciones de gobernar hallen la manera de acabar con la corrupción, que, a lo que se ve, a todos corroe mucho o poco. También lo es que se reconozcan los resultados de las elecciones libres, en lugar de calificar de ilegítimo, desde el primer día, el gobierno formado con el mayor apoyo parlamentario. Y, en definitiva, es urgente que modifiquen sus belicosos usos y costumbres cuando su principal e indeseable efecto es el constante desdoro de las instituciones.