No va a haber elecciones anticipadas. Al menos en lo que queda de año. Porque la única persona que tiene poder constitucional para hacerlo, el presidente del Gobierno, no quiere tomar esa decisión. Y tiene motivos para ello por mucho ruido político que ensordezca al país. Cuenta con una mayoría de escaños en el Parlamento, su partido no presenta fisuras significativas, y los procesos judiciales abiertos contra miembros del PSOE no han pasado del plano de las acusaciones sin pruebas contundentes, por muy graves que estas sean.
No hay ninguna evidencia de que, respondiendo al llamamiento de José María Aznar –“quien pueda hacer, que haga”–, se haya organizado una trama de jueces, policías y medios de comunicación para hacer caer al Gobierno. Pero en los últimos tiempos hay cada vez más situaciones que hacen pensar que algo de eso puede haber. De ahí que no ceder a presiones espurias para acortar los plazos previstos constitucionalmente pueda también ser visto como un ejercicio de respeto y consolidación de la democracia.
