El actual Gobierno ha batido todos los r�cords de producci�n regulatoria, provocando una inseguridad jur�dica que resulta incompatible con la estabilidad de la que hace gala su presidente.El presidente del Gobierno se ha negado a convocar elecciones anticipadas alegando que la estabilidad pol�tica permite un mejor desempe�o econ�mico. Una premisa que es discutible porque su Ejecutivo se ha visto sometido desde finales de 2023 a un vaiv�n parlamentario constante debido a las exigencias caprichosas de los partidos separatistas, que le ha impedido sacar adelante una parte considerable de las reformas comprometidas con las autoridades de Bruselas a cambio de los fondos de recuperaci�n pospandemia. Y ello a pesar del abuso de la figura del real decreto-ley, prevista para situaciones de emergencia, pero de la que S�nchez ha hecho un salvoconducto para regular los m�s diversos asuntos, y tambi�n varios decretos �mnibus. El �ltimo fue rechazado el pasado enero por la mayor�a del Congreso.A esa inestabilidad pol�tica se ha sumado la incertidumbre regulatoria provocada por los continuos cambios de normas, especialmente en el �mbito fiscal y en el laboral, que conforman un rompecabezas dif�cil de resolver para las empresas que deben aplicarlas. A diferencia de lo que cree Moncloa, la abundancia normativa no garantiza una mejor regulaci�n, sino todo lo contrario.Las diferentes patronales han denunciado la enorme inseguridad jur�dica que provocan los constantes cambios de normativa en nuestro pa�s, y se ha convertido en el principal motivo de preocupaci�n entre los empresarios. El pasado 13 de mayo, las ocho mayores asociaciones empresariales de La Rioja, �lava, Navarra, Burgos, Soria, Arag�n, Cantabria y Asturias firmaron en Logro�o un manifiesto reclamando mayor seguridad jur�dica y certidumbre normativa. En el �ltimo Informe Perspectivas 2026 de KPMG y la CEOE, el 62% de los encuestados ped�an un marco regulatorio m�s estable.El �mbito fiscal concentra el mayor n�mero de modificaciones normativas aprobadas desde 2018. Bajo mandato de la exministra de Hacienda, Mar�a Jes�s Montero, se han reformado e impulsado un total de 140 figuras tributarias, incluyendo el aumento de las cotizaciones sociales para taponar el agujero de las pensiones p�blicas.ContrarreformaOtro de los campos en el que la inflaci�n legislativa ha alcanzado cotas nunca vistas es el laboral. Los abogados especializados en Derecho del trabajo denuncian que el Ministerio de Yolanda D�az ha impulsado en los �ltimos dos a�os una suerte de contrarreforma laboral que, en la pr�ctica, ha modificado sin consenso buena parte de los elementos nucleares de la reforma aprobada con el consenso de los agentes sociales a finales de 2021 y que fue ratificada por el Congreso de los Diputados a comienzos de 2022.Por poner n�meros al caos normativo provocado por el Ejecutivo de PSOE y Sumar, un reciente an�lisis del Instituto Juan de Mariana junto al Centro de Estudios, Formaci�n y An�lisis Social del CEU se�ala que un 84% de las 243 iniciativas con rango de ley aprobadas entre mediados de 2018 y el primer trimestre de este ejercicio son susceptibles de derogaci�n total o de una reforma profunda, por su car�cter innecesariamente intervencionista, su mala t�cnica normativa o su d�bil justificaci�n funcional. A las que habr�a que sumar las miles de ordenes que emanan cada mes de los distintos ministerios. Seg�n sus estimaciones, reducir esas duplicidades e ineficiencias implicar�a un ahorro para las empresas y los hogares de unos 90.000 millones de euros, el equivalente al 5% del PIB.Ante la mara�a de leyes, el PP ha registrado una proposici�n no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a elaborar un "inventario exhaustivo del derecho estatal" que permita localizar las normas derogadas t�citamente o ya obsoletas, con el fin de proceder a su derogaci�n expresa y declarar formalmente su p�rdida de vigencia. La oposici�n reclama la puesta en marcha de un Plan Nacional de Simplificaci�n Normativa, alineado con los objetivos fijados en la Br�jula de la Competitividad para la Uni�n Europea, bajo el principio de "una norma nueva, tres derogadas". Adem�s, los populares reclaman en su iniciativa una reducci�n de las cargas administrativas como m�nimo del 25%, y que en el caso de las pymes alcance al 35% de todas las obligaciones regulatorias que deben satisfacer en estos momentos.El exceso de normas aprobadas en los últimos años ha tenido efectos catastróficos en el ámbito social, dentro del que sobresale la conocida como Ley del Sólo Sí es Sí, que debido a su deficiente redacción abrió la puerta a la excarcelación de miles de personas condenadas por agresión sexual, y también en el económico con la Ley de Vivienda, que ha desplomado la oferta y disparado los precios de los alquileres en la mayor parte de las ciudades españolas. Son las consecuencias más visibles de lo que los juristas califican como "legislar con los pies", que también ha disparado la litigiosidad a causa de los defectos de redacción de demasiadas normativas y los costes de cumplir la creciente regulación. Frente a este modelo tan pernicioso para la economía nacional, la Comunidad de Madrid trata de erigirse como punta de lanza de una ofensiva desreguladora con la nueva Ley contra la Hiperregulación que, además de simplificar las normas autonómicas ya existentes, obligará a que las nuevas regulaciones regionales que se creen en el futuro vengan con "fecha de caducidad".