Es una regla no escrita que ningún presidente anuncia el adelanto de unas elecciones antes de convocarlas, ni tampoco un líder de la oposición avisa con tiempo de que tiene pensado presentar una moción de censura en el futuro. La potestad de los presidentes de adelantar elecciones a voluntad es una opción que pocas veces se utiliza por el bien común, sino a beneficio de quien las adelanta. Y, con la excepción de Pedro Sánchez, las mociones de censura se han presentado siempre para perderlas, suponiendo quien las presenta que gana algo para su causa en esa derrota.Por tanto, ya tenemos experiencia en el uso arbitrario de estas herramientas constitucionales, cuando el espíritu con el que fueron incluidas en nuestro sistema democrático no era el de abusar de ellas con fines partidistas, sino utilizarlas para resolver problemas resolubles. Los irresolubles se atienden en las urnas.Las circunstancias políticas en este final de curso son muy evidentes. Pedro Sánchez gobierna sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos desde hace tres años y con escándalos repartidos por buena parte del sistema judicial: desde un pequeño juzgado de Badajoz, hasta el Tribunal Supremo. La doctrina democrática que rige en los países de nuestro entorno es que un gobierno sin mayoría parlamentaria tiene solo dos opciones. La primera es presentarse a una cuestión de confianza parlamentaria. Si la gana, entonces confirmará que mantiene los apoyos para continuar gobernando. Si la pierde debe convocar elecciones. De la misma forma, un gobierno que no presenta su proyecto de presupuestos para no perder la votación, ya constata que está en minoría sin necesidad de una cuestión de confianza y, en consecuencia, igualmente debe convocar elecciones. La democracia es así.Pero Sánchez ha creado su propio sistema consistente no en gobernar, sino en estar en el poder. Y aspira a ser inmune a cualquier cosa que ocurra, en la confianza –hasta el día de hoy confirmada– de que sus socios de investidura no le tumbarán en una moción de censura, aunque tampoco le voten sus leyes en el Parlamento. Y, por tanto, España está en un limbo político en el cual quien está legitimado para gobernar no lo hace porque no puede, y quien quiere gobernar –la oposición–no lo hace porque no gobierna.Los padres de la Constitución no previeron una situación así, porque ninguno pudo imaginar que un presidente –con las obligaciones éticas que conlleva el cargo–, se instalaría acomodaticiamente en este colapso, con tal de no ceder el poder. Y el PP no lo ve tan mal: ninguno de sus dirigentes lo verbaliza en público, pero creen que Sánchez se está chamuscando conforme pasan los meses, y dejará chamuscado a su partido para mucho tiempo. Quién sabe.