Hasta quienes viven la política como un sacerdocio no llevan la cuenta de las veces que se ha exigido elecciones anticipadas. La oposición las ha reclamado insistentemente, aunque solo en una ocasión el presidente del Gobierno pensó en tirar la toalla. Fue en junio del año pasado, cuando después de poner la mano en el fuego por la honradez de Santos Cerdán, salió abrasado. Pedro Sánchez reveló que valoró dimitir. Decidió aguantar. Y lo mismo se propone hacer ahora, pase lo que pase con José Luis Rodríguez Zapatero. Parecía imposible pensar en un golpe mayor, tras los escándalos de sus dos exsecretarios de Organización del PSOE. Pero el hilo de una investigación en Francia y en Suiza sobre el lavado de fondos públicos sustraídos en Venezuela ha llevado al préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra y a la presunta mediación del expresidente. Los socialistas han optado por ponerse una venda en los ojos y se niegan a aceptar que el mayor icono de la izquierda española, más incluso que Sánchez, pueda haber cometido irregularidades. Con la tesis de que el auto de imputación por presunto tráfico de influencias y blanqueo no contiene "pruebas concluyentes", la Moncloa ha extendido sobre él un manto de protección. Creen que los datos que arrojen los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que forman parte del sumario, no modificarán su posición. La consigna es esperar al menos hasta que declare en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio y proporcione más detalles. Los socialistas saben que se enfrentan a un proceso "largo" pero en la Moncloa ya avisan de que no debe tener consecuencias en la legislatura. Se aferran a que "el auto no tiene afección con el Gobierno". Este intento de espantar las consecuencias políticas no oculta una honda preocupación por el impacto electoral de los problemas judiciales de Zapatero, que hasta la semana pasada protagonizaba mítines para movilizar a los votantes en las elecciones andaluzas. Sánchez impuso inmediatamente que se le defendiera pero en la Moncloa no han perdido el tiempo para limpiar las primeras salpicaduras de este caso. El Ejecutivo se ha reafirmado en la legalidad del rescate de Plus Ultra y de los aplazamientos de los pagos a la Seguridad Social concedidos a la aerolínea venezolana, una circunstancia que el juez instructor relaciona con una reunión entre el expresidente y el entonces ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. No hay, insisten, "ninguna prueba que apunte al Gobierno". Esta afirmación es fundamental porque en ella radica la idea de que no habrá adelanto electoral. Para la Moncloa, Zapatero es una persona honorable pero no se sienten tan concernidos para dar explicaciones en su nombre. Los primeros test de estrés a los socios reflejan que por ahora resisten al lado del PSOE, aunque todos están pendientes del relato que el expresidente desgrane en el juzgado dentro de dos semanas. En el Ejecutivo se mantienen en que solo una moción de censura puede poner punto y final a la legislatura. Y por el momento no ven a Junts, por mucho que sea su aliado menos leal, alienados con el PP y Vox porque opinan que lo pagaría muy caro en las urnas. Han sido muchos los porrazos a los que el PSOE se ha enfrentado estos años y precisamente por eso relativizan cada vez más cada golpe. En la organización no piensan que Sánchez deba convocar elecciones, como sí valoraron hace un año tras el mazazo del informe de Santos Cerdán. "Todavía es pronto para determinar los efectos, a día de hoy con el auto que conocemos no veo motivos", asegura un dirigente fiel a Sánchez. Cargos más críticos con el presidente discrepan. "No sé en qué quedará, ojalá en nada, porque el daño para el partido es demoledor a largo plazo". "El hermano, la mujer, dos secretarios de Organización, el expresidente… Es insoportable", señalan. En la Moncloa han orillado la idea de que el caso Zapatero sea una nueva operación de los jueces contra Sánchez. Una tesis que Ferraz sí abonó durante las primeras horas. Aunque no se apean de que sufren una campaña de "acoso y derribo" que ahora perciben en los detalles, en la minuciosa inspección policial a la oficina del expresidente, en que se permitiera el registro corporal de su secretaria para requisar el móvil. Una impresión que Sánchez plasmó en el cara a cara de esta semana con Alberto Núñez Feijóo en el Congreso. Al Gobierno "se llega con votos" y "no con atajos". "Habrá elecciones en 2027 y, si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España", sentenció. Hasta quienes viven la política como un sacerdocio no llevan la cuenta de las veces que se ha exigido elecciones anticipadas. La oposición las ha reclamado insistentemente, aunque solo en una ocasión el presidente del Gobierno pensó en tirar la toalla. Fue en junio del año pasado, cuando después de poner la mano en el fuego por la honradez de Santos Cerdán, salió abrasado. Pedro Sánchez reveló que valoró dimitir. Decidió aguantar. Y lo mismo se propone hacer ahora, pase lo que pase con José Luis Rodríguez Zapatero.