La Legislatura de Córdoba sancionó este jueves la denominada “Ley Joaquín” con un respaldo unánime, en una señal política que exhibió uno de los pocos consensos amplios entre oficialismo y oposición. En el recinto estuvieron presentes los padres de Joaquín Sperani.
La norma de 40 artículos surge a casi tres años del crimen de Joaquín en Laboulaye en 2023 por otro menor, un caso que conmocionó a Córdoba y expuso falencias en la contención estatal y en la participación de las víctimas dentro del proceso penal en la provincia.
En términos políticos, el gobierno de Martín Llaryora logró capitalizar un tema de alto impacto y construir un consenso transversal en torno a “una ley superadora” que reforma el Código Procesal Penal (Ley 8.123) y crea un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. El texto evita modificar garantías estructurales del debido proceso, aunque fortalece de manera significativa la intervención de las víctimas en todas las etapas judiciales.
Entre las principales claves de la nueva ley aparece, en primer lugar, la creación del régimen de protección de víctimas, con rango integral y de orden público. La normativa establece derechos de asistencia, información, protección y reparación para víctimas directas y familiares, garantizando participación informada durante todo el proceso penal.
