El juez Ramón González contacta por videoconferencia con un centro de internamiento de menores de la provincia de Barcelona. Al otro lado está una joven que ha tenido problemas con las drogas y la justicia. Hay buenas noticias para ella: los técnicos encargados de su supervisión ven evidencias de mejora y el titular de la plaza 2 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decidido cesar el internamiento que le impuso y rebajar la medida (“nosotros no imponemos condenas, sino medidas educativas”, resalta González) a una libertad vigilada. “Ojo con los chungos y cero tóxicos”, le advierte el magistrado, que en unos pocos meses volverá a verse con la joven para comprobar su evolución y tomar medidas en consecuencia. Su decisión es lo que él llama un “traje a medida” que aplica a través de “un lenguaje comprensivo y que no estigmatice”. “Cuando veo algunos informes de los servicios sociales me doy cuenta de que no soy nadie para echar la bronca”, dice este veterano magistrado, más o menos convencido de que la Justicia ha avanzado hacia una aproximación más sensible a los colectivos más vulnerables: “A mí me consta que hay mucha formación en ese sentido, pero el talante de cada uno también marca”.Desde hace dos décadas, la justicia española ha dado pasos adelante con la creación de tribunales que perseguían un enfoque con mayor especialización y sensibilidad hacia colectivos considerados vulnerables. En 2005 se pusieron en marcha los juzgados de violencia sobre la mujer (VIDO) y en 2021 se aprobó la creación de los de Violencia contra la Infancia y Adolescencia (VIA). Es, como explica Maite Casado, secretaria general del Departamento de Justicia, un proceso en que cambiaba el eje del proceso penal: “Tradicionalmente estaba muy focalizado en el autor del delito y se olvidaba de la víctima. Con el Estatuto de la Víctima (en 2015), hay que hacer que las víctimas se sientan más acompañadas, facilitar las cosas, que el proceso ya es suficientemente duro y complejo”.Pero ese contexto no ha variado el ruido provocado por la dureza con la que algunos jueces y fiscales tratan en muchas ocasiones a los más débiles, las víctimas. Hace unos pocos días lo contaba en Madrid Nevenka Fernández, la mujer que se atrevió a denunciar a un político por acoso, pero que durante el proceso sintió el tono “culpabilizador”, segun sus propias palabras, al que le sometió el fiscal. El magistrado David Maman, instructor de la denuncia por violación contra el exjefe de la Policía, José Ángel González, desató la polémica el mes pasado cuando en una conferencia no se escondió de criticar las “tantas ventajas” de las que disponen las mujeres que piden una orden de protección contra quienes consideran sus agresores. También está el caso del juez Ricardo González, que describió como “sexo en un ambiente de jolgorio” la violación múltiple de la Manada durante los Sanfermines de 2016. “El concepto de vulnerabilidad está calando y es propio de la actividad de los juzgados, más allá de alguna excepción no generalizable. Tenemos que hacerlo porque la legislación lo prevé, no es una cuestión empática”, señala Claudio Alejandro Montero, titular del Juzgado 21 de la sección Civil de Barcelona, una opinión coincidente con la de Carlos Pascual, titular de la plaza 1 de la sección de Violencia sobre la Mujer en Barcelona. Los cursos, inciden todos los consultados para este reportaje, han aumentado y esa pata no es una cuestión cualquiera, recuerda Pascual: “La formación me ayudó a tener más perspectiva y ser más sensible; si no sabes, no entiendes cómo funciona la dinámica de la violencia y no puedes actuar. No es solo una cuestión de empatía”. El problema, dice, es que a esos cursos muchas veces van siempre los mismos, “seguramente quienes menos los necesitamos”.A mí me da vergüenza mirar resoluciones de hace años. Sé de casos en los que me he equivocado. Es que nosotros somos como una bomba: si alejas, si permites ver..."Carlos Pascual, titular de la plaza 1 de la sección de Violencia sobre la Mujer en BarcelonaMirando atrás, Pascual es consciente de los errores que ha podido cometer por falta de conocimientos, por aproximaciones equivocadas, por lo que sea. “A mí me da vergüenza”, reconoce, “mirar resoluciones mías de hace años. Sé de casos en los que me he equivocado y familias a las que les he podido hundir. Es que nosotros somos como una bomba: si alejas, si permites ver…”Félix Martín, máximo responsable de una área pionera y recién estrenada de la Fiscalía de Barcelona especializada en delitos violentos contra niños, adolescentes y otros colectivos vulnerables, reivindica esa formación adicional tras la sobreformación jurídica a la que se ven sometidos antes de las oposiciones. “En la Escuela de Fiscalía nos decían”, explica el fiscal encargado del caso del bebé maltratado en Barcelona o del caso de coerción sexual en CREA, “que todo tenía que ser racional, pero cuando estás con la víctima las reglas cartesianas no funcionan; no responden a la realidad”.Su compañera fiscal Eli Jiménez recuerda la crudeza de sufrir un proceso judicial para quien denuncia, obligado a recordar para poder explicarlo, la denominada revictimización. “Hay muchas víctimas que dicen que no volverán a denunciar por la dureza del proceso penal”, afirma. Tanto para Martín como para Jiménez, en el fiel de la balanza de su actuación no solo está condenar, sino cuidar “la salud de la víctima antes que demostrar el delito: el futuro de un niño puede depender de eso”. Y empatizar con la víctima, subraya, “no supone no ser objetivo”: “Es y debe ser perfectamente compatible entender a la víctima y a la vez acabar concluyendo que no hay prueba para acusar”. Coincide el juez González. “Mis decisiones no van en línea de sí le creo o no le creo, sino si los hechos quedan o no probados”.En algunos casos, ni las propias víctimas son plenamente conscientes de lo que han sufrido. El juez Pascual explica el caso de una mujer de 70 años que decía que nunca había tenido ningún problema con su marido. Hasta que comenzó a hablar. “Me decía que no sé cocinar, que soy una inútil, que no me dejaba quedarme con mis nietos porque no sé cuidarlos, que no valgo ni para envolver regalos…”, recuerda que le contaba. “Creo que mientras –concluye– me lo decía, ella empezaba a darse cuenta de que no me estaba contando nada normal. Vivía una situación de violencia brutal y, claro, solo le preguntábamos sobre el último caso”. La víctima ha de coger confianza“Notas cuándo la víctima tiene confianza”, dice el fiscal Martín sobre la necesidad de respetar los tempos y el contexto de cada víctima. En algunos casos, como el de madres que han sufrido agresiones por parte de sus parejas, su principal preocupación es qué va a suceder con sus hijos si denuncian y tienen que alejarse de su hogar. ¿Qué van a comer? ¿Dónde van a pasar la noche? Lo cotidiano pasa por delante. Y los plazos legales que requiere la justicia a veces no van acorde a sus necesidades. En otros casos las víctimas no denuncian. Y hay terceros que son una tragedia, como la mujer trans asesinada el martes en Figueres por su expareja, después de denunciarlo, pedir ayuda y no acabar acudiendo al tribunal de guardia (no se conocen los motivos), con lo que su asesino pudo quedar en libertad. Ester García López es una abogada especializada en violencias y cree que ha habido avances, como la mera habilitación en los juzgados de una sala de espera para las víctimas, de forma que puedan evitar topar con las personas a quienes han denunciado, pero que todavía queda mucho camino por recorrer. Se refiere, por ejemplo, a que muchos colegas no conocen la existencia de la Unidad de Atención a las Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) y la ayuda que puede brindar. Con niños pequeños, por ejemplo, ella es partidaria de no hacer preguntas directamente, sino utilizar a psicólogos especializados que sepan hacer la aproximación adecuada. En los juzgados esa figura está tomando un papel creciente, aunque está pensada sobre todo para menores de 14 años. Son, salvo algunas excepciones, quienes preguntan a instancias de abogados y fiscales (o peticiones de aclaraciones por parte del juez) cuando se efectúa lo que se denomina la prueba preconstituida, un interrogatorio que se utiliza para que los menores no tengan que volver a declarar y evitar así un daño adicional. “Por mucha empatía que tengas”, subraya Eli Jiménez, “acceder a un niño es muy delicado y no lo hacemos de forma directa. En Barnahus saben cómo aproximarse: tanto en la forma como en el momento. No podemos ir a bocajarro”. Barnahus es un modelo nacido en Islandia cuya traducción viene a ser “casa de la infancia” y está dirigido a la atención de niños y adolescentes víctimas de agresiones sexuales. Para el consejero de Justícia, Ramon Espadaler, esa docena de centros dispersos por el territorio catalán resume la esencia del cambio de la protección de colectivos vulnerables que tienen que pasar por la justicia. “Un único lugar donde confluyen policía, fiscales, forenses, abogados y especialistas para tratar a los niños; es el ejemplo que hay que seguir para conseguir una justicia más próxima y cuidadora con las víctimas”.Mantiene a ese tipo de víctimas alejadas de los juzgados en un centro de estética acogedora. En el despacho de Ester García también hay un espacio amable donde puedan estar los niños mientras sus madres le explican sus problemas (“no quiero que escuchen lo que sus madres explican”, sostiene), una tendencia que se ha ido extendiendo. Desde 2023 la Generalitat prevé haber adaptado a finales de año 70 espacios. Maria Pérez, directora general de Gestión de Infraestructuras del Departamento de Justicia, explica que se ha acabado con la idea de que cada juzgado es un compartimento estanco para crear espacios compartidos. Mantiene a ese tipo de víctimas alejadas de los juzgados en un centro de estética acogedora en la que especialistas tratan a los críos y sus familias. “En 2006 ya teníamos identificados colectivos vulnerables en el lado de las víctimas y el intento que hacemos es pensar en ellas y desde 2021 empezamos a pensar que esos espacios tenían que tener un aspecto más amable, más humano, más confortable”, dice. Esa evolución no siempre ha sido fácil, por reparos de algunos operadores judiciales pero después “reconocen que el espacio ayuda a rebajar el estado de excitación y están siendo muy valoradas”.