Un condenado por trapicheo de drogas, un guardia civil en prisión provisional y un detenido por violencia de género han obtenido el amparo del tribunal de garantías con el apoyo de la fiscalía en el último mes
“He estado en prisión a la vez que tenía recursos admitidos incluso por el Tribunal Constitucional...[...] ”, escribe desde la cárcel de Dueñas, Palencia, Juan José Llanos. El remitente, condenado a siete años de prisión en un caso de tráfico de drogas, denunciaba en esa primera carta que no se habían respetado “las leyes” ni “la Constitución”, autorizaba el acceso a toda la documentación de su caso y pedía disculpas por los “errores gramaticales”: “soy una persona sin formación”. Tres semanas después, el 14 de marzo pasado, llegó otra carta: “Quien me juzgó [en 2023] y violó todos mis derechos fundamentales, privándome de un real derecho de defensa fue la magistrada Concepción Espejel Jorqu...
era, quien era presidenta de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”, acusaba. Espejel es ahora magistrada del Tribunal Constitucional.
En la cárcel desde 2022 por esa causa—y desde 2014, por otros antecedentes— el preso analizaba su situación y su historia con rabia, pero razonadamente: “Por el mero hecho de tener antecedentes ya se te declara culpable: se puede decir que aplican la convicción moral...”. La absoluta falta de confianza en el imperio de la ley que transmitía, sin embargo, acababa de ser desmentida, al menos en parte. Pocos días antes, la misma Sala Primera del Constitucional de la que ahora forma parte la magistrada que lo condenó, había declarado vulnerado su derecho fundamental a la libertad personal. Sin que hiciera falta recursarla, la magistrada Espejel se habían abstenido por haber conocido del caso en la Audiencia. Sus cinco compañeros de sala votaron con el respaldo de la Fiscalía a favor del preso.
