La sanción unánime de la Ley Joaquín abrió otra discusión con plazos que corren. Apenas aprobado el Régimen de Protección de Víctimas de Delitos, oficialismo y oposición comenzaron a mirar hacia el próximo desafío: la adecuación del procedimiento penal juvenil de Córdoba a la nueva ley nacional 27.801, que entrará en vigencia el 5 de septiembre.
Detrás del notable consenso que permitió aprobar la norma que lleva el nombre de Joaquín Sperani, asesinado en Laboulaye en 2023 por otro menor de edad, quedó sellado además un compromiso político para avanzar en una revisión de la legislación juvenil provincial. Aunque el régimen fue reformado en marzo de 2025, esa modificación fue previa a la sanción de la norma nacional.
La discusión apareció durante el abordaje de la Ley Joaquín. La radical Brenda Austin impulsó la incorporación de modificaciones vinculadas a los derechos de las víctimas dentro del régimen penal juvenil y logró que el PJ aceptara incluir una cláusula específica con principios rectores y una disposición transitoria que reconoce la necesidad de la adecuación.
El punto no es menor. Más allá de la repercusión pública que tuvo la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la ley aprobada por el Congreso redefine el sistema penal juvenil, incorporando nuevos principios, garantías, procedimientos y obligaciones para las provincias.
