La Legislatura de Córdoba se encamina a sancionar este jueves la denominada “Ley Joaquín” con un respaldo casi unánime, en una señal política que exhibe uno de los pocos consensos amplios entre oficialismo y oposición en la Unicameral. Estarán presentes los padres de Joaquín Sperani.
El proyecto, impulsado por el gobierno de Martín Llaryora para reformar el Código Procesal Penal (Ley 8.123) y crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, llegará al recinto tras haber sido despachado ayer en una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad y Legislación General, donde logró el respaldo de todas las representaciones políticas.
La sesión ordinaria se realizará una vez finalizada la sesión especial por Zona Fría impulsada por el PJ, aunque el debate por la nueva ley promete ocupar el centro de la escena política y judicial. Si bien el acompañamiento opositor será amplísimo, se anticipan algunas diferencias en artículos puntuales y cuestionamientos políticos, sobre todo desde el juecismo, que reprocha que la iniciativa “llega tarde”, casi nueve años después de la sanción de la ley nacional de protección a víctimas y a casi tres años del crimen de Joaquín Sperani.
La reforma lleva precisamente el nombre del adolescente asesinado en Laboulaye en 2023 por otro menor, un caso que conmocionó a Córdoba y expuso falencias en la contención estatal y en la participación de las víctimas dentro del proceso penal. La presión sostenida de la familia Sperani terminó por acelerar un debate que el Ejecutivo provincial convirtió en una de sus banderas institucionales para este año.
