El pasado 20 de mayo la presidenta Sheinbaum presentó en la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar diversos preceptos de la Constitución relativos al Poder Judicial. Llama la atención que antes de dos años de la entrada en vigor de la que fue llamada —y por muchos considerada— la gran modificación al sistema de impartición de justicia en el país, se tengan que hacer modificaciones a un texto que, al menos en la cabeza de sus promotores y apoyadores, era definitivo y completo. Diversas personas se han ocupado de describir los elementos fundamentales de la propuesta presidencial, pero siguen sin considerarse las justificaciones para emprender los nuevos cambios. En un lenguaje evasivo, la presidenta considera que la experiencia de la elección del año 2025 ha permitido identificar sus “áreas de oportunidad” para, simultáneamente perfeccionar el diseño normativo sin alterar su fundamento democrático. Digo que este es un lenguaje evasivo, porque la titular del Ejecutivo utiliza la expresión común y vacía de las “áreas de oportunidad” para ocultar lo que desde el comienzo fueron graves errores de diseño; de elementos cuya inviabilidad fue advertida prácticamente desde la presentación de la iniciativa de López Obrador y con total independencia de la realización del proceso electoral. De ahí que el eufemismo de las oportunidades no alcanza para ocultar los disparates de la reforma que fueron señalados por diversos actores jurídicos, políticos y sociales; de errores que desde la arrogante colocación en el poder que pensaron omnímodo, los morenistas y sus aliados no quisieron advertir cuando muchos se los señalaban. Pasada la muy cuestionada elección de 2025, la presidenta considera que se confirmó la validez del nuevo modelo, tanto que es necesario profundizar en él. Más allá de su propia declaración, no aporta un solo elemento para sustentar tal validez ni, menos aún, para hacerse cargo de las muchas críticas que se formularon contra él. Muy por el contrario, las propuestas de modificación a lo hecho por el entonces triunfante morenismo buscan basarse en la continuidad y consolidación de lo que estima fue un exitoso ejercicio. Lo que finalmente se pretende —se afirma en la iniciativa— es fortalecer los mecanismos para permitir que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia institucional. Ante las nuevas y triunfantes afirmaciones presidenciales, es necesario cuestionar las actuales propuestas de manera semejante a como se hizo desde que López Obrador presentó su iniciativa hasta que se promulgaron las reformas. El verdadero problema radica en que el modelo está diseñado para que Morena y/o las delincuencias controlen la función judicial del país. La idea de su perfeccionamiento a partir de la experiencia electoral es la expresión de una falsa modestia. Es una coartada para, desde una aparente razón, consolidar el esquema de dominación judicial que López Obrador pretendió establecer sobre los juzgadores del país desde siempre —y mediante diversas vías—. Lo que la propuesta presidencial busca es la concentración de las decisiones vinculadas con la elección judicial. La iniciativa no miente cuando afirma que con las reformas propuestas se pretende alcanzar simplificación y eficacia electoral. Ello es así no por generosidad democrática, sino porque los proponentes tienen el control de los titulares de los órganos competentes para ejecutar las operaciones requeridas y así mantener la dominación. Lo que la elección de 2025 mostró a los actuales gobernantes son los huecos que la reforma de 2024 dejó abiertos frente a sus pretensiones hegemónicas. Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio Únete a nuestro canal
Las justificaciones de la nueva reforma judicial, escribe José Ramón Cossío Díaz
El pasado 20 de mayo la presidenta Sheinbaum presentó en la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar diversos preceptos de la Constitución relativos al Poder Judicial. Llama la atención que antes de dos años de la entrada en vigor de la que fue llamada —y por muchos considerada— la gran modificación al sistema de impartición de justicia en el país, se tengan que hacer modificaciones a un texto que, al menos en la cabeza de sus promotores y apoyadores, era definitivo y completo. Diversas personas se han ocupado de describir los elementos fundamentales de la propuesta presidencial, pero siguen sin considerarse las justificaciones para emprender los nuevos cambios. En un lenguaje evasivo, la presidenta considera que la experiencia de la elección del año 2025 ha permitido identificar sus “áreas de oportunidad” para, simultáneamente perfeccionar el diseño normativo sin alterar su fundamento democrático. Digo que este es un lenguaje evasivo, porque la titular del Ejecutivo utiliza la expresión común y vacía de las “áreas de oportunidad” para ocultar lo que desde el comienzo fueron graves errores de diseño; de elementos cuya inviabilidad fue advertida prácticamente desde la presentación de la iniciativa de López Obrador y con total independencia de la realización del proceso electoral. De ahí que el eufemismo de las oportunidades no alcanza para ocultar los disparates de la reforma que fueron señalados por diversos actores jurídicos, políticos y sociales; de errores que desde la arrogante colocación en el poder que pensaron omnímodo, los morenistas y sus aliados no quisieron advertir cuando muchos se los señalaban. Pasada la muy cuestionada elección de 2025, la presidenta considera que se confirmó la validez del nuevo modelo, tanto que es necesario profundizar en él. Más allá de su propia declaración, no aporta un solo elemento para sustentar tal validez ni, menos aún, para hacerse cargo de las muchas críticas que se formularon contra él. Muy por el contrario, las propuestas de modificación a lo hecho por el entonces triunfante morenismo buscan basarse en la continuidad y consolidación de lo que estima fue un exitoso ejercicio. Lo que finalmente se pretende —se afirma en la iniciativa— es fortalecer los mecanismos para permitir que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia institucional. Ante las nuevas y triunfantes afirmaciones presidenciales, es necesario cuestionar las actuales propuestas de manera semejante a como se hizo desde que López Obrador presentó su iniciativa hasta que se promulgaron las reformas. El verdadero problema radica en que el modelo está diseñado para que Morena y/o las delincuencias controlen la función judicial del país. La idea de su perfeccionamiento a partir de la experiencia electoral es la expresión de una falsa modestia. Es una coartada para, desde una aparente razón, consolidar el esquema de dominación judicial que López Obrador pretendió establecer sobre los juzgadores del país desde siempre —y mediante diversas vías—. Lo que la propuesta presidencial busca es la concentración de las decisiones vinculadas con la elección judicial. La iniciativa no miente cuando afirma que con las reformas propuestas se pretende alcanzar simplificación y eficacia electoral. Ello es así no por generosidad democrática, sino porque los proponentes tienen el control de los titulares de los órganos competentes para ejecutar las operaciones requeridas y así mantener la dominación. Lo que la elección de 2025 mostró a los actuales gobernantes son los huecos que la reforma de 2024 dejó abiertos frente a sus pretensiones hegemónicas. Ministro en retiro de la SCJN. @JRCossio Únete a nuestro canal
