El poder judicial mexicano se encamina por segunda vez en menos de dos años hacia una reforma, cercado por los errores y las prisas con las que se encaró la primera, que sustituyó de un plumazo el sistema de carrera por otro de elección popular. Algunos de los fallos de entonces, minimizados y considerados meros equívocos formales, han ido tomando cuerpo hasta convertirse en un embrollo más difícil de solucionar. En esa categoría aterriza la pelea por la presidencia de la Suprema Corte. La joya de la corona de la judicatura hoy permanece en vilo por el descuido inicial de los legisladores, que dejaron en el texto legal dos supuestos incompatibles entre sí: la nueva fórmula, que la jefatura sería rotatoria cada dos años en función del número de votos recibido; y la anterior, que sería elegida cada cuatro años por el pleno del Alto Tribunal. La propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum, no solventa esta contradicción, ni tampoco lo hace la iniciativa que el partido gobernante, Morena, presentó hace un mes en el Congreso. La omisión de los dos proyectos que encabezan el intento de enmienda del diseño original ilustra el problema mayor en el que se ha convertido el asunto.A menos de un año de que los nuevos ministros entraran al cargo, la cuestión ya comienza a levantar polvareda en el interior de la Corte. Fuentes del Alto Tribunal señalan que el pleno está muy dividido en torno a esa cuestión. “La siguiente presidenta está muy casada con el hecho de que sea rotatorio y el resto, no tanto”, apuntan. “Hay quienes piensan que una presidencia de dos años no te permite establecer muchos planes de trabajo”, agregan también. Si se aplica la pauta nueva, la próxima en dirigir el pleno será la ministra Lenia Batres, que defiende el artículo nuevo de la Constitución. “La reforma fue muy clara en disponer su definición por elección popular. Es el mecanismo más adecuado, porque responde al reconocimiento público de los distintos ministros y ministras y garantiza estabilidad. Cuando esta definición ha estado a cargo de los propios integrantes, genera siempre la tentación de golpes de timón. Estimula comportamientos facciosos y politiqueros”, argumenta la togada a este periódico. En los meses que lleva en el cargo, y en contraste con otros compañeros de la Corte, Batres ha adoptado un perfil notoriamente público y se ha impuesto en algunas de las decisiones que dividían al pleno o que, de plano, no contaban con su respaldo. Esos episodios hacen recelar a algunos sectores, desde el empresarial al jurídico, de la imparcialidad con la que se regirá una potencial presidencia de la ministra, que fue impulsada en los acordeones que distribuyó el oficialismo antes de la elección judicial. La alternativa tampoco es satisfactoria. “Si se asume la otra visión, que el pleno decida al presidente, nos va a regresar a los tiempos en donde se sumaban coaliciones, votaciones interminables de una disputa y grillos al interior de la Corte. Creo que estos ministros no van a permitirse eso para no romper las débiles dinámicas internas que hay, que de por sí ya están frágiles”, vaticina Josafat Cortez, politólogo de la UNAM. De hecho, si algo está tratando de hacer el actual presidente, Hugo Aguilar, es reducir al máximo las divisiones o los enfrentamientos en el pleno y primar el consenso, habida cuenta del enorme escrutinio al que está sometida la nueva composición del Alto Tribunal. Vuelven las salasLa obstinada voluntad de cambiar de arriba abajo el sistema judicial se ha llenado de matices con el paso de los meses y algunas de las medidas aprobadas en el primer intento de transformación, en otoño de 2024, se han mostrado inviables en el corto plazo. Pleno, de vuelta, para la Suprema Corte, que protagoniza una de las marchas atrás más significativas de este segundo intento de reforma: la vuelta de las dos salas ―ahora se las llamará “secciones”― que fulminó el proyecto anterior, y que absorbían gran parte de la carga de trabajo si necesidad de pasar por el pleno. La apuesta por la colegialidad en la toma de decisiones se ha vuelto impráctica en los hechos. En sus tres primeros meses funcionando, el pleno de la Corte, que ahora está asumiendo todas las resoluciones, resolvió 2.590 expedientes, un 6,6% menos de lo que habían logrado despachar un año antes sus predecesores. En su primer informe de actividades, Aguilar puso en valor la “pluralidad deliberativa” y la “publicidad” del nuevo modelo, pero el volumen de trabajo se ha vuelto inabarcable y el pleno es incapaz de mantener el ritmo, pese al incremento exponencial del número de asuntos resueltos en cada sesión: de 1,8 a 16,4, en promedio. Frente a la división que genera la cuestión de la presidencia, este punto es recibido con más consenso que disenso. La propia ministra Yasmín Esquivel se pronunció hace apenas unos días a favor de su recuperación en una entrevista con El Sol de México. “Las salas nos permitían dos cosas: una, sacábamos el doble de asuntos, porque la primera sala trabajaba a la par que la segunda; y dos, la especialización”, argumentaba entonces. “Los ministros que tenían una materia tenían un conocimiento profundo de ellas. Hoy, en el pleno, podemos ver un asunto fiscal, después un asunto mercantil o temas de carácter probatorio en delitos, y luego nos vamos a temas propios de la Corte, como la invasión de competencias”, agregaba. No es una cuestión menor. Las aptitudes técnicas (o su ausencia) es uno de los temas centrales con los que el sector empresarial presiona al Gobierno para que aporte seguridad en materia judicial.En la misma línea, pero algo más optimista, se muestra Batres, que reconoce que trabajar sin esta herramienta ha sido “un reto complicado” porque ha significado la “duplicación del trabajo de cada ministro”. Sin embargo, añade, se han probado distintos mecanismos para ser más eficientes, como desechar recursos improcedentes, y eso les ha permitido “resolver prácticamente el mismo número de asuntos diarios que la Corte anterior”. De los 1.417 expedientes heredados, solo quedan 66 sin resolver, de acuerdo con los datos que maneja la propia Corte hasta este mayo. “No obstante”, concluye la ministra, “hay una sobrecarga de trabajo que es real”. Esta vuelta atrás, apuntala el experto de la UNAM, es “un reconocimiento implícito de que la única forma de desahogar la carga es a través de la organización en salas”. Esta anulación de una de las medidas más reseñables de la primera reforma se suma a un aluvión de cambios que vienen a enmendar los errores que nunca se admitieron en la primera convocatoria. El Congreso tiene ahora dos iniciativas sobre la mesa para solventarlos todos, antes de que los próximos aspirantes pasen por las urnas para validar o hacerse por primera vez con su cargo de juzgador. Las miradas siguen concentradas en la Suprema Corte, que protagoniza algunos de los cambios más importantes a siete años vista de su próxima renovación parcial.