Liberal sin neoSu carga recae de manera desproporcionada sobre los honestos.
Hay leyes que se aprueban casi por inercia, rodeadas de un consenso tan amplio que cuestionar su conveniencia es motivo de sospecha. La iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, es exactamente ese tipo de ley. El sistema bancario la aplaude, el Ejecutivo la promueve, los medios la presentan como una necesidad urgente y los organismos multilaterales la exigen. Pocos advierten las consecuencias y costos de un marco regulatorio que privilegia el control sobre la libertad.
La exposición de motivos de la ley lo confiesa sin rubor; el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) ha emitido “recomendaciones” que los Estados deben adoptar, so pena de quedar en “listas grises”. El Congreso legisla porque un organismo transnacional sin mandato democrático directo así lo requiere, bajo amenazas explícitas.
Al leer la iniciativa de ley, emerge un sistema de vigilancia financiera de considerable alcance. Define un universo amplio de “Personas Obligadas”: bancos, aseguradoras, casas de cambio, prestamistas individuales, cooperativas de ahorro, agentes inmobiliarios, comerciantes de autos y joyas, proveedores de activos virtuales, abogados, notarios, contadores, auditores y más.
