EditorialTodos los partidos políticos necesitan presumir que apoyan el combate del blanqueo y, por ende, de todo dinero ilícito, de cara a las elecciones del próximo año.
Ahora resulta que todas las bancadas, incluidas las más recalcitrantes opositoras hace un mes, sí querían aprobar la ley antilavado sin limarle las uñas ni quitarle los dientes. Hasta dirigentes partidarios que mantuvieron silencio cómplice con la dilación durante semanas salieron a intentar robar cámara viral y a tratar de fingir liderazgo mediante llamados a la aprobación de la iniciativa 6593, que fue presentada al Congreso el 25 de julio del año pasado, pasó nueve meses en comisión legislativa para dictamen y fue aprobada en tres lecturas, pero después se estancó por intentos de dudosas enmiendas de curul cuyos impulsores quisieron vender la idea de que eran los demás quienes no deseaban la norma: tiraron la piedra y escondieron la mano.
Los denominados “consensos” que permitieron el aval de ayer no eran nada del otro mundo y bien pudieron lograrse desde semanas atrás. Pero es obvio que no era eso lo que buscaban. Por más dignos y soberanos que quieran hacerse pasar, es evidente que fue la fuerte presión multisectorial y las lacónicas —pero elocuentes— exhortaciones de Estados Unidos las que les levantaron la mano en la plenaria de ayer. De hecho, podría mencionarse que un factor de tácita presión a las objeciones declaradas o subrepticias de la 6593 es la reciente confirmación de apoyo técnico estadounidense para el combate del narcotráfico en el país.
