EditorialEl combate del lavado de activos en Guatemala debe quedar actualizado y fortalecido sin pretextos en el pleno extraordinario convocado para el próximo martes 2 de junio.
Con ciega locura, cierto combo de diputados de unas cuatro bancadas se ha encargado de entorpecer la aprobación de la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Pero lo hacen, vociferando en público que sí la respaldan y hasta firmaron el dictamen, pero en la práctica intentan introducir maliciosas enmiendas de curul que condicionarían, limitarían e incluso imposibilitarían la aplicación de la norma. Ya que no pueden evitarla —porque con ello terminarían de confesar oscuras pleitesías— intentan inutilizar la herramienta.
Toda esa perorata de supuesta búsqueda de “consensos” y discusión de “enmiendas técnicas” es una máscara burlona para disfrazar el perverso objetivo: sabotear las posibilidades de mayor control, rastreo y combate del lavado de dinero. La 6593 ya no necesita de más manoseos: necesita ser aprobada de urgencia. La iniciativa de ley que el Ejecutivo entregó en julio pasado ya recibió dictamen de la comisión respectiva, ya tiene el aval de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, que han expuesto repetidamente la necesidad de esa norma para que el país no se vea en riesgo de caer en lista gris internacional y, la semana recién pasada, la Embajada de Estados Unidos exhortó a aprobar una ley acorde a estándares internacionales.
