El primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia deja una economía con destellos sociales y sombras fiscales. La tasa de desempleo está en mínimos del siglo y la pobreza multidimensional bajó por primera vez a un dígito. El turismo creció y algunos sectores agrícolas han vivido una bonanza. Esos logros coexisten con una amenaza fiscal y una baja inversión que pueden comprometer el futuro. El desaforado gasto público, el endeudamiento a tasas altas y un recaudo tributario estable han apretado la caja. Colombia es, según la CEPAL, ya el segundo país de América Latina con peor déficit fiscal. El sucesor del izquierdista Gustavo Petro, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, hereda varios indicadores favorables. El mercado laboral, aunque mantiene una mayoría de puestos en la informalidad, cerró 2025 con más de 600.000 empleos creados y la tasa de desempleo más baja del siglo (8,9%). La pobreza multidimensional —que no mide los ingresos, sino la situación social en educación, salud, vivienda y empleo— cerró 2025 en 9,9%, tres puntos porcentuales menos que 2022, sellando un progreso en las condiciones de vida de millones de colombianos. Por sectores, el turismo se disparó. Entre 2022 y 2025, Colombia pasó de recibir 4,7 millones a 6,5 millones de visitantes no residentes, lo que inundó de dólares al país: 7.730 millones en 2023 a 11.166 millones en 2025. Así, superó por primera vez los ingresos del carbón, una industria que, junto a los hidrocarburos (gran contribuyente tributario), anda de capa caída por políticas de un presidente que se ha desmarcado de los combustibles fósiles en una disyuntiva que califica “de vida o muerte”. En el campo, la euforia de los precios récord del café y del cacao ha inyectado dinero fresco a cientos de miles de familias rurales. José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), encuentra un patrón de crecimiento: “Subsidios, nómina estatal en expansión y aumentos del salario mínimo pusieron dinero en los bolsillos de millones de colombianos, lo que impulsó el consumo”. Hasta la banca —sector insistentemente criticado por el presidente— se recuperó. Pero economistas que distan de ser ortodoxos cuestionan la magnitud de estos logros. Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación durante el primer año y medio del Gobierno Petro, sostiene que, en cifras absolutas, la pobreza monetaria —que mide los ingresos de las familias— “no ha mejorado en una década”. También que la caída del desempleo es “un misterio que nadie entiende”, sin certeza de a qué es atribuible. “¿Es Petro? ¿El alcalde de Bogotá? ¿O [la casa política de la Costa Caribe] los Char?”, pregunta. También señala que el crecimiento del PIB “es mediocre comparado con el promedio histórico de 3,9%”, y que viene impulsado por el gasto público. Colombia creció 2,6% en 2025, solidificando la recuperación pospandemia, gracias también al agosto privado. Los hogares aceleran el consumo gracias al aumento del salario mínimo y de las remesas —principalmente desde Estados Unidos y España—, que aportaron casi el 3% del PIB en 2025 con 13.098 millones de dólares (10,6% más respecto a 2024). “El consumo público, por su parte, es responsable del 63% del crecimiento económico en los últimos tres trimestres”, afirma Luis Fernando Mejía, fundador de Lumen Economic Intelligence. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), organismo independiente que vigila las cuentas públicas, ha identificado “señales de recalentamiento” de la economía: la demanda interna creció en 2025 a un ritmo 1,5 veces superior al de la producción. Esto hace que las importaciones incrementen y aviva la inflación por más demanda. El nudo gordiano es que el consumo no ha sembrado capital productivo. Al contrario: la inversión en fábricas, máquinas e infraestructura —lo que los economistas llaman formación de capital— está en el nivel más bajo en dos décadas (ronda el 16% del PIB según el CARF, peor que en la pandemia). El economista heterodoxo Salomón Kalmanovitz subraya que por primera vez el gasto público (17,3% del PIB en 2025) supera a la inversión privada, “apagando los espíritus animales de los empresarios” que se lanzan a una aventura empresarial. El sector de la construcción vive en carne propia la anemia de inversión. Guillermo Herrera, presidente del gremio constructor Camacol, dice que estos años cierran “debilitados” y con “las cifras más bajas en años”. El PIB de edificaciones acumula 11 trimestres, todo el cuatrienio de Petro, de caídas consecutivas. Las ventas y los inicios de obra se desplomaron: en 2025 se inició la construcción de 112.000 viviendas, cuando cada año surgen entre 235.000 y 250.000 hogares. El costo humano son las 136.000 personas del sector que perdieron el empleo. Por su parte, Marcela Meléndez, directora del centro de estudios económicos Fedesarrollo, ahonda en las causas de la caída en inversión: “Incertidumbre regulatoria por reformas sucesivas (laboral, tributaria, salud, pensiones y energética); deterioro de la seguridad; y la carga tributaria corporativa más alta de la región, impuesto al patrimonio empresarial incluido, lo que resta atractivo”. Poca inversión y crecimiento débil resquebrajan el esquema dibujado por el presidente Petro. Los pendientes macroeconómicos Los nubarrones fiscales pueden aguar la fiesta. López, de ANIF, explica por qué un déficit desincentiva la inversión: “Las altas tasas del Gobierno drenan recursos y hacen más difícil para las empresas y hogares conseguir préstamos. Si la rentabilidad de los TES (bonos estatales en pesos) es alta, emprender se ve menos atractivo porque es más difícil que comprar deuda pública”, explica. Es el crowding out, cuando un gobierno pide tanto prestado que desplaza la inversión privada, encarece el crédito a todos y dificulta el crecimiento a largo plazo. Aunque Colombia cerró 2025 con un déficit fiscal mejor de lo previsto (6,4% contra un 7,1% proyectado), ya es el segundo más alto de las grandes economías de América Latina, solo tras Brasil, según la CEPAL. El gasto público ha llegado a niveles inéditos, y el déficit primario —que excluye los pagos de intereses— se deterioró hasta el 3,5% del PIB, superando la meta del 2,4%. Eso significa gastar más de lo que ingresa incluso antes de pagar unos créditos que en Colombia se llevan 1 de cada 3 pesos de los impuestos, según el CARF. Es decir, el desbalance no viene de un desajuste crónico en la operación cotidiana del Estado. Aunque el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó en el plan financiero un compromiso de ajuste, no especificó cómo llevarlo a cabo. El CARF lo catalogó de “poco creíble” y advirtió al Congreso de la necesidad de realizar un recorte sin precedentes: de 4% a 5% del PIB —entre 19.600 millones y 24.500 millones de dólares o cinco reformas tributarias— en el próximo cuatrienio para estabilizar la deuda y “evitar un episodio de alto estrés financiero”. A esa presión fiscal se suma otro frente: la inflación. Aunque bajó desde el 13,12% heredado del derechista Iván Duque (2018-2022), cerró 2025 pegajosa en torno al 5%, lejos de la meta del Banco de la República (3%). En lo corrido del año ha repuntado, hay vaticinios de cierre por encima del 6% y el Emisor ha subido dos puntos porcentuales la tasa de interés este año, con una tregua en su última reunión. La fortaleza del peso respecto al dólar ha contenido los precios, al abaratar las importaciones. Pero subir las tasas enfría la economía —encarece el crédito, frena el consumo— y aprieta más las finanzas públicas, pues encarece el servicio de la deuda. Ese dilema entre ajuste fiscal o tasas que estrangulen la economía abre la puerta a un escenario temido: la estanflación, un estancamiento de la economía con alzas de precios. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, advierte que “si un futuro gobierno niega un ajuste fiscal y decide intervenir el Banco de la República para emitir dinero y financiar gasto público, la inflación se dispararía”. Eso sería un atajo, porque la inflación licúa la deuda por dos vías. Primero, porque la inflación aumenta la cantidad de pesos que recoge el Estado: las empresas venden más caro, los salarios suben, el IVA recauda más. Así, pagar los mismos pesos se vuelve más fácil. Segundo, como la inflación aumenta el PIB en pesos. Si sube de 500 a 550 billones por inflación, la misma deuda de 100 billones pasa de representar el 20% al 18% del PIB. La proporción mejora por mero efecto contable, sin que el Gobierno haya pagado un peso. Es lo que Zuleta llama “un ajuste fiscal vía inflación”, en lo que en esencia es un impuesto invisible. Petro culmina su mandato con aceptación popular porque la gente sintió la plata en el bolsillo, al tiempo que las arcas públicas se deterioraron. Meléndez desata el nudo: “Ninguna política social es sostenible sin un aparato productivo que la sostenga ni sin una macroeconomía que la financie”, recuerda. El próximo gobierno hereda una economía en esteroides a la que le incomodan tres preguntas: cómo crecer más y mejor; cómo ejecutar un ajuste fiscal creíble; y cómo evitar que las cuentas se desangren.