Colombia acude a las urnas este domingo para poner nota al primer gobierno izquierdista de la historia. Era imposible que un líder tan personalista como el presidente Gustavo Petro no estuviese en las urnas a pesar de que no puede presentarse a la reelección porque la Constitución se lo prohíbe. Estos comicios son vistos como un plebiscito sobre una gestión controvertida, y también como un test muy importante para la izquierda latinoamericana porque se produce en medio de una racha importante de victorias derechistas y mientras Washington mira con lupa. Lidera todos los sondeos Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico de Petro. Se trata de un senador de 63 años con una larga carrera política que hereda la popularidad de Petro, a quien apoya en torno a un 50% de la población. La cifra puede parecer escasa, pero en el contexto regional es superior a la que registran buena parte de los mandatarios latinoamericanos, incluidos algunos que apenas llevan meses de mandato como el chileno José Antonio Kast o el boliviano Rodrigo Paz. El talante de Cepeda es radicalmente distinto al de Petro. El candidato es sobrio, serio, habla lento y no alza el tono de voz, parece en ocasiones incluso taciturno y se aleja de los histrionismos y excentricidades a los que ha acostumbrado el presidente en los últimos cuatro años. Eso no quiere decir que Cepeda no tenga identidad política. Más bien es todo lo contrario. El candidato es considerado ampliamente en Colombia como más izquierdista que el propio Petro. Le viene de familia porque sus padres eran políticos muy importantes del Partido Comunista de Colombia. De hecho vivió exiliado en Bulgaria por el exilio de sus padres durante una época en la que los políticos de izquierda eran objeto de atentados. Allí estudió filosofía y, asegura, descubrió un socialismo moderno que lo encandiló. En agosto de 1994 acabó consumándose lo que la familia temía. La primera imagen que los colombianos tienen de Iván Cepeda es en una carretera de Bogotá, junto al coche donde su padre, Manuel Cepeda, entonces senador de la Unión Patriótica, había sido asesinado minutos antes por paramilitares en complicidad con los agentes del Estado. Un consternado pero entero, al menos por fuera, Iván Cepeda reclamó en ese mismo lugar y ante las cámaras de televisión al entonces presidente Ernesto Samper que cesasen los asesinatos de políticos progresistas, que en aquella época ya se contaban por cientos. Después dedicó sus primeros años de carrera a defender casos de víctimas de violencia estatal y del conflicto armado, hasta que en 2009 llega a la Cámara de Representantes y en 2014 se convierte en Senador, confirmándose como uno de los rostros más reconocibles del progresismo colombiano en las últimas dos décadas. El expresidente centrista Juan Manuel Santos confió en él como uno de los interlocutores en el proceso de paz que acabó en el pacto con las extintas FARC firmado en 2016, certificando su influencia en algunos de los líderes de ese grupo armado. Le generó problemas en 2019 su presencia en una de las liberaciones del exlíder ‘fariano’ alias Jesús Santrich porque el subversivo decidió darle la espalda al pacto de paz poco después y volver a la clandestinidad. Cepeda se defiende asegurando que lo hizo en apoyo al proceso de pacificación, pero es un argumento habitualmente utilizado en su contra por los críticos. Logró la candidatura a finales del año pasado después de lograr que un tribunal de primera instancia de Bogotá condenase al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), el líder indiscutido de la derecha colombiana, en un caso de supuesto fraude procesal y manipulación de testigos. Opinión El ex mandatario fue absuelto en segunda instancia y el proceso continúa, pero haber logrado la primera condena hizo que su popularidad despegase hasta superar a los que hasta entonces habían sido considerados favoritos para la candidatura, entre los que él no se encontraba a pesar de ser un rostro muy reconocible para la izquierda. Siempre se dijo que aquellos apoyos a Santrich eran un freno para su candidatura. Las propuestas de Cepeda son claras: seguir con las políticas del presidente Petro, aumentar el gasto estatal en la economía y crear mayores programas sociales y campesinos. Asegura que nunca ha propuesto "expropiar o estatizar" y que quiere un "capitalismo" con justicia social, pero sus críticos no se creen esas palabras. Sus posibilidades se basan en la evaluación que hagan los ciudadanos del Gobierno Petro, cuatro años movidos por las excentricidades del presidente y casos de corrupción, pero en los que los analistas consideran que no se han llevado a cabo finalmente políticas de izquierda radical, aprobándose medidas que contribuyen a que el presidente mantenga un nivel de popularidad muy superior al que tenían cuando dejaron el cargo sus predecesores, Santos y el uribista Iván Duque (2018-2022). El periodo ha estado marcado por un enfrentamiento constante entre Petro y el Legislativo, donde nunca tuvo mayorías claras, teniendo que pactar acuerdos con las fuerzas liberales para lograr sacar adelante sus políticas. Logró la aprobación de una reforma fiscal, otra educacional y una clave reforma laboral, elevando los pagos por las horas nocturnas y aprobando importantes disposiciones en beneficio de los trabajadores. También fue aprobada una reforma pensional que obliga a que los trabajadores coticen una parte de sus sueldos obligatoriamente en una entidad pública, pero está siendo actualmente evaluada por la Justicia. Fracasó, por el contrario, a la hora de lograr consensos para aprobar una reforma a la Salud en la que había puesto un fuerte empeño y otras reformas menores que quedan como el gran lunar de su Administración. De hecho el sistema público-privado de salud que rige en Colombia es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos porque el servicio ha empeorado durante el Gobierno Petro. Hay varias empresas quebradas, el Estado ha intervenido una veintena y se ha producido escasez de medicamentos y también es mucho más complicado conseguir citas con especialistas. Pero la mayor crítica al Gobierno es sin ninguna duda su desempeño en el apartado de Seguridad. El conflicto armado se ha recrudecido en Colombia y se están viendo niveles de violencia que no se daban desde 2016, antes de la firma del pacto de paz con las FARC. Petro abanderó una política de "Paz Total" que consistía en negociaciones paralelas con las decenas de grupos armados en conflicto en Colombia, destacando los narcoparamilitares del Clan del Golfo, dos grandes grupos de disidentes de las extintas Farc y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esas negociaciones han sido un fracaso y, de hecho, las mesas de negociación con algunos de los grupos más importantes ya no existen. Petro ha llegado incluso a acusar a los límites de la ley de estar convirtiéndose en narcotraficantes y los ha comparado con Pablo Escobar. Mientras tanto, esos grupos se han fortalecido y han expandido sus territorios, aumentando su reclutamiento. Ahora la suma de sus miembros es muy similar a la del número de personas alzadas en armas que había antes de la firma del pacto de paz con las Farc. La difícil situación en materia de seguridad se hizo patente cuando fue asesinado el año pasado el precandidato presidencial uribista Miguel Uribe mientras recorría en un acto las calles de Bogotá. La fiscalía apunta precisamente a que fue un grupo de disidentes de las FARC quienes pagaron al sicario adolescente que asesinó al político. Al mismo tiempo, el Gobierno apostó por una estrategia que finalmente ha tenido que modificar: rechazó hacer énfasis en la erradicación de las cientos de miles de hectáreas de coca que existen en Colombia, para no afectar al campesino, y optó en cambio por incrementar las operaciones de incautación del producto final de exportación, la cocaína. Eso provocó un incremento exponencial de los cultivos de coca en el país y las críticas internacionales. La Administración de Donald Trump, muy crítica con Petro —el líder norteamericano llegó al llamarlo narcotraficante, aunque en febrero se reunieron cordialmente y no volvió a salir el tema—, descertificó a Colombia como un socio confiable en la lucha contra las drogas, aunque después dejó en suspenso las consecuencias de esa medida. Petro se defiende asegurando que el gran crecimiento de cultivos ya se había iniciado durante los últimos años de gobierno de su antecesor, el derechista Duque, y mostrando los datos de incautación. En 2025 las fuerzas de seguridad colombianas interceptaron casi un millón de toneladas de cocaína, un 47% más que durante el mejor año del Gobierno Duque, 2021, pero aun así el Gobierno colombiano ha admitido tácitamente que su estrategia no era la ideal porque en 2026 han vuelto las grandes operaciones de erradicación de cultivos. La tercera clave es la economía. El Gobierno ha aumentado drásticamente el gasto público, registrando un déficit superior al 6% en 2025 y aumentando considerablemente la deuda pública, lo que ha generado vaivenes financieros en algunos sectores. Lo cierto, en cambio, es que buena parte de la población es ajena a esas turbulencias y que, después de dos primeros años complicados en los datos de crecimiento, Colombia volvió a crecer el año pasado a un ritmo cercano al 3% que se repetirá este año. A ese cóctel se le suma el monumental aumento del 23% del salario mínimo de cara a este año, muy por encima de la inflación del año pasado, que fue del 5%. Es decir, Petro decidió incrementar de forma considerable el salario real en su último año de mandato, a meses de las elecciones. El país es uno de los más desiguales del mundo y subir el sueldo mínimo era un reclamo histórico de los agentes sociales, incluso de algunos sectores liberales, pero muchos lo han visto como una medida electoralista. Eso sí, ninguno de sus contrincantes ha dicho, por supuesto, que eliminará si llega al poder la medida, extremadamente popular en la calle. Varios sectores advertían de una especie de apocalipsis empresarial por esa subida del salario mínimo, pero no se ha producido y Cepeda lleva esa baza a las elecciones. El desempleo en marzo afectó a apenas el 8,8% de la población, la mejor cifra del siglo XXI. Más de 3 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos años, aunque sigue afectando a un tercio de la población. El ciudadano de origen más humilde tiene más dinero en el bolsillo y parte importante del campesinado ha accedido a nuevas tierras por los programas del Gobierno, lo que ha impulsado a Cepeda a contar con entre el 36% y el 46% de los votos, según diversas encuestas, a pesar del rechazo que Petro tiene en amplios sectores y de su forma histriónica de llevar los asuntos públicos. Un Bukele local y el testaferro de Maduro Precisamente esa última es una característica que comparte el presidente con el mayor rival de Cepeda en las urnas a tenor de las últimas encuestas, el abogado derechista Abelardo de la Espriella, abanderado de las causas conservadoras clásicas como la defensa de la familia, la prohibición del aborto y una política de mano dura. Se lanza como outsider y realmente el término sí se le ajusta a él como anillo al dedo porque nunca ha ocupado cargo público o político alguno. Eso sí, su actividad laboral es polémica. De La Espriella, de 47 años, ha defendido a algunos de los mafiosos, paramilitares y corruptos más célebres de los últimos años en Colombia. Sin duda, el más polémico de sus clientes es Alex Saab, el testaferro del expresidente venezolano Nicolás Maduro, recientemente detenido en Venezuela y extraditado a EEUU por orden del Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Esas sociedades podrían causarle problemas en una eventual segunda vuelta el 21 de junio porque muchos creen en Colombia que tanto la campaña de Cepeda como algunos medios tienen preparada una caja de los truenos contra De La Espriella si el abogado llega al balotaje. El candidato, eso sí, encandila a sus bases. Se presenta como "el tigre" y ha logrado capturar a los sectores más folclóricos del conservadurismo, fuerzas que también sabe mover Petro en el progresismo. Sus mítines son un espectáculo. El candidato baila, lanza proclamas, se ríe, grita e ironiza con un estilo muy similar al del presidente argentino Javier Milei. Él también canta en el escenario, aunque no rock como el líder del partido austral, sino ópera. De hecho, lanzó su campaña con un vídeo en el que recitaba el himno nacional colombiano. De La Espriella propone construir 10 megacárceles -admira al líder salvadoreño Nayib Bukele- sacar al ejército a combatir frontalmente a los grupos armados, liberalizar más la economía y luchar contra la corrupción. Defiende ahora el papel de la religión cristiana en la sociedad, aunque hace unos años se definía a él mismo públicamente como ateo y lo defendía con ahínco. Es el principal favorito de los senadores republicanos de Miami afines al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que no han dudado en apoyarlo frontalmente en redes sociales, algo que probablemente no harían sin el visto bueno de su líder. De la Espriella ha crecido considerablemente en los sondeos en las últimas tres semanas hasta colocarse en dos importantes encuestas con alrededor del 30% de los votos, acercándose considerablemente a Cepeda. La candidata de Uribe En terreno pantanoso queda, en cambio, la senadora Paloma Valencia, abanderada del derechista Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe. Valencia resultó ganadora en marzo de unas primarias entre políticos de derecha y centro-derecha en las que no participó De La Espriella. Logró más de tres millones de votos, una cifra espectacular, disparándose en los sondeos, pero una serie de difíciles decisiones parecen estar minando su candidatura. Intentó acercarse al centro nombrando como candidato a vicepresidente a Juan Daniel Oviedo, segundo en esas mismas primarias. Se trata de un centroderechista alejado de los cánones clásicos de la derecha en Colombia. Es homosexual, un tema todavía tabú en los sectores más conservadores de Colombia, no viste traje -suele ir ataviado con pantalones y chaqueta vaquera-, admitió haber tomado drogas como la cocaína y apela constantemente al centro, mientras en ocasiones Valencia hizo todo lo contrario, llegando incluso a proponer como ministro de Defensa a Uribe, abominado por el centro político. Esa indefinición constante de la campaña, intentando atraparlo todo desde el centro a la ultraderecha, podría haber acabado por espantar tanto a unos como a otros. Parte del centro ha optado por irse a dos candidatos minoritarios como los exalcaldes de Medellín y de Bogotá, Sergio Fajardo y Claudia López, y otros se han ido con Cepeda, mientras que la derecha dura parece haber apostado por De La Espriella. Los últimos sondeos le dan a Valencia menos del 15% de los votos. Puede remontar, porque la marca Uribe es la más importante de Colombia -incluso más que la de Petro-, pero lo tiene complicado. Eso no quiere decir, en cualquier caso, que Uribe no vaya a estar en la urna en segunda vuelta. De La Espriella se ha autodefinido como uribista en numerosas ocasiones y sería imposible que gobernase sin el Centro Democrático, porque su partido, el Movimiento de Salvación Nacional, apenas logró cuatro legisladores en las parlamentarias de mayo.