Gustavo Petro encara el último tramo de su mandato con un balance frustrante si se mide con las expectativas que despertó su llegada. Elegido en 2022 como el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia, prometió un cambio profundo: reformas estructurales, justicia social y una transformación de la relación del Estado con la ciudadanía. Tres años después, Petro no puede presentar logros de envergadura, en buena parte por el caos de su administración, la enorme volatilidad de su gobierno y su propia incapacidad para elevar el discurso. A pesar de todo, hoy Colombia tampoco es el país en llamas que temían quienes lo pintaban como una amenaza para la democracia y la estabilidad.
La llegada de la izquierda a la Casa de Nariño no supuso una ruptura abrupta del orden institucional ni un colapso económico. El sistema democrático colombiano, pese a tensiones y choques de poder, ha resistido. La economía se ha mantenido a flote. Y algunos indicadores sociales muestran avances modestos, en particular en la reducción de la pobreza. Estos logros, si bien parciales, contradicen el caos que predecían sus adversarios.
El reverso de este balance no es halagüeño. Petro no ha conseguido materializar el gran cambio que prometió. Sus reformas estrella han sufrido un via crucis legislativo y judicial. Su apuesta por una “paz total” con todos los grupos armados no ha producido el desarme ni la pacificación esperada, y en varias regiones la violencia se ha recrudecido. A ello se suma una inestabilidad interna que ha lastrado la gestión: los relevos constantes en el Gabinete, sus desencuentros abiertos con la vicepresidenta, Francia Márquez y la apuesta por una figura tan polémica como Armando Benedetti han proyectado improvisación y descontrol.
