Hace cinco años, Anne detectó que algo no iba bien en los programas de actividades extraescolares del colegio de sus hijos. Ese pellizco que siente una madre. Pronto se dio cuenta que no era la única, y en 2021 fundó la asociación SOS périscolaire. Entonces se encendió la luz, y las cucarachas estaban en todas partes. "Recibimos multitud de mensajes que describían malos tratos, niños aterrorizados, empujados, golpeados, amenazados e incluso abusados ​​sexualmente", cuenta. Decenas de casos de maltratos o abusos que se colaban por un enorme agujero del sistema de protección escolar francés: las actividades extraescolares. Sus denuncias, al principio, fueron recibidas con "desdén", lamenta a El Confidencial. No ha sido hasta esta primavera que la oleada de querellas por violencia y abusos sexuales a menores de centros escolares de toda Francia ha saltado por fin a los titulares y, lo que es más importante, a la investigación judicial. El alcance del problema, que puede incluso ser catalogado de sistémico, ha obligado a abrir investigaciones contra más de un centenar de centros solo en París. Este martes arrancó el primer juicio público contra uno de los presuntos agresores involucrados en este escándalo nacional. En él, se juzga a un monitor de 36 años de una escuela de París que presuntamente agredió sexualmente a al menos cinco niños de preescolar durante las actividades en las que participaban tras el horario escolar en su centro educativo entre 2024 y 2025. Y seguimos: en septiembre hay previstos otros tres juicios por violencia sexual en programas extraescolares, también en París. Además, la Fiscalía de la capital mantiene abiertas investigaciones en 84 guarderías, alrededor de una veintena de escuelas y unos 10 de centros de día. Anne, que no quiere dar más detalles de su identidad o su caso concreto para resguardar la privacidad de su familia, explica a El Confidencial que SOS périscolaire, una de las organizaciones más representativas de este escándalo de denuncias, llevan años recibiendo estos testimonios por parte de familias preocupadas. También de los "propios responsables de las actividades", que ya relataban "condiciones laborales insoportables o la intimidación que sufrían tras denunciar el comportamiento abusivo de sus compañeros". En general, los sistemas educativos europeos intentan establecer estructuras y procesos para proteger al menor. Se estudian los antecedentes de los profesores, se establecen protocolos si hay algo que huele mal y, desde hace al menos un lustro, las denuncias se toman más en serio. Lo que el escándalo que ahora sacude Francia demuestra es que había otro agujero demasiado grande para la red: las actividades extraescolares (périscolaire), que incluyen horas de comedor o siestas y que están supervisadas por monitores en vez de por los profesores de los colegios. Estos monitores no cuentan con formación específica y sus salarios y horarios son muy precarios. TE PUEDE INTERESAR Cayó Candyman, el pederasta que se creía impune Javier Brandoli. Sudeste Asiático "En el ámbito de las actividades extraescolares, los ayuntamientos contratan prácticamente a cualquiera, como mejor les parece. No comprueban sistemáticamente los antecedentes penales y, a menudo, cuando estalla un escándalo, intentan encubrirlo y dan poca información a los padres", denuncia Lise Bornes, abogada de una veintena de familias con niños de entre tres y cinco años víctimas de agresiones sexuales y violaciones. Entre ellos, una niña con discapacidad. Bornes va más allá: "Creo que Francia tiene un grave problema con el abuso sexual infantil. No contamos con programas nacionales de prevención, ni campañas de sensibilización pública, ni anuncios al respecto". Además, considera que las sentencias judiciales "no son lo suficientemente severas" y los profesionales carecen de la formación necesaria para detectar las señales de angustia en los niños víctimas de estos casos, describe a El Confidencial. "En Francia, el testimonio del menor no recibe la suficiente importancia en los procesos judiciales, y es raro que las familias lleguen a juicio. Este trato es escandaloso", explica la abogada, haciéndose eco de la frustración de numerosas familias que se han visto afectadas por esta ola de casos. En esta línea, el colectivo #MeeTooEcole, fundado tras destaparse el escándalo, ha convocado una manifestación a las puertas del tribunal donde comenzaba el juicio contra el monitor de 36 años para apoyar a las "víctimas y familias" que han soportado este proceso en "silencio y agotamiento". Este caso "supuso un shock para muchas familias y puso de manifiesto mecanismos de silencio, fragmentación y fracaso que muchos ya venían denunciando desde hacía tiempo", según ha contado Barka Zerouali, portavoz del movimiento, a AFP. Redadas, un "plan de acción" y 20 M en París Ante la gravedad de los casos y la lluvia de críticas, el nuevo alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, ha presentado un "plan de acción" para estos programas extraescolares, con una inversión de 20 millones de euros. Según Grégoire, esta medida pretende garantizar "total transparencia para las familias". Para ello publicará estadísticas trimestrales y la cifra de suspensiones, además de entregar todas las conclusiones de las investigaciones a los padres una vez concluyan. Esta transparencia es la que llevan años demandando los colectivos. "Los padres quieren saber quién cuida de sus hijos, pero ni siquiera tenemos acceso a los directorios del personal porque la mayoría de los empleados se niegan a que les hagan fotos. En casos de agresión, muchas familias tienen que presentar denuncias contra personas desconocidas porque los niños no pueden identificar al personal implicado", explican desde SOS périscolaire. TE PUEDE INTERESAR Una semana con el cazador de pedófilos Javier Brandoli. Nom Pen Además de las medidas políticas, París también ha incrementado la presión policial. La semana pasada se produjeron 16 detenciones tras una operación con redadas en tres escuelas de uno de los distritos de la ciudad. En lo que va de 2026, 78 empleados municipales han sido suspendidos en relación con el escándalo, incluidos 31 por presunta violencia sexual. Sin embargo, las organizaciones como #MeTooEcole y SOS périscolaire denuncian que, aunque la cobertura mediática se está centrando en los casos detectados en París, la ola de abusos en las actividades extraescolares es un fenómeno sistémico que salpica a todo el país. El hecho de que la mayoría de los casos destapados se concentren en París solo se debe a que en la capital es "más fácil" denunciar "gracias al anonimato", explica la abogada de familias de víctimas. En las provincias "la situación es más compleja porque el fiscal conoce al alcalde, el alcalde conoce al director del colegio o a algunos padres, y así sucesivamente", detalla, por lo que "la presión en estas relaciones es considerable". Prevención y detección temprana Frente a la falta de mecanismos para la prevención de estos casos que denuncian las familias francesas, en España existe la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (2021), una herramienta que desde Save the Children consideran clave para evitar que esta oleada se produzca en España. Esta legislación regula los requisitos para "todos los profesionales que entren en contacto con niños y niñas", desde el profesor que ocupa una plaza en un centro público hasta el monitor de comedor o el entrenador de una actividad extraescolar deportiva ofertada en un colegio, explica Clara Burriel, especialista de la organización, a El Confidencial. "En esta ley hay muchas herramientas para prevenir que estas situaciones puedan darse y, en caso de que se produzcan, que haya una reacción temprana", destaca Burriel, un enfoque de prevención que considera clave en España y que detecta que ha faltado en la oleada de agresiones en el país galo. En Francia, los requisitos entre unos y otros varían. "El caso de Francia es el ejemplo de por qué son necesarias este tipo de medidas", asevera. Sin embargo, advierte que, aunque en España tenemos esta herramienta legal, "falta más implementación y más protocolos unificados que sean conocidos por todos los profesionales". Por ello, ahora pide que en nuestro país se haga más hincapié en extender por todos los centros escolares figuras que recoge la legislación, como las del "coordinador de bienestar", cuya misión es la de gestionar los protocolos de detección, o el "delegado de protección", que representa el mismo papel en espacios de ocio como son muchas de las actividades extraescolares que ahora están bajo el foco en Francia. En este sentido, las demandas de las familias francesas discurren por la misma línea. Anne, de SOS périscolaire, exige una "capacitación obligatoria" para todo el personal y un marco legal nacional, que todos los centros de cuidado infantil estén bajo la jurisdicción del servicio estatal que habilita inspecciones y sanciones (actualmente solo supervisa aproximadamente el 50% de los centros) y procedimientos de denuncia con sanciones por incumplimiento y obligación de actuar con seguimiento.