El Registro Mercantil no engaña: una asociación religiosa como la Orden Tercera de San Francisco, formada por laicos y religiosos que siguen las enseñanzas de san Francisco de Asís, acumula 47 propiedades inmobiliarias en calles céntricas de Madrid como Segovia, Toledo y San Fernando, todas ellas recibidas por donaciones de fieles. Esta asociación fue protagonista hace un par de semanas del desahucio de Mariano Ordaz, un vecino de 67 años del barrio de La Latina que reclamaba pagar un alquiler acorde a sus ingresos como pensionista. A raíz de este hecho nació la semana pasada el movimiento “Afectados por los curas”, que acusa a esta asociación, liderada por el ministro Antonio Álvarez, de especular con subidas injustas del alquiler. Los responsables de esta orden religiosa no han querido hacer comentarios a este periódico sobre su negocio inmobiliario. Las 47 notas simples del registro mercantil consultadas por EL PAÍS ofrecen una imagen nítida de un patrimonio inmobiliario tejido a lo largo de décadas en el corazón de la ciudad: pisos de más de 30 metros cuadrados, locales comerciales, plazas de garaje, parcelas y edificios completos en barrios como La Latina, Sol, Cortes o Justicia. A esto se añaden viviendas en calles como San Isidro o Redondilla, y hasta inmuebles en ejes más cotizados como Herradores o Santa Brígida. Todo ello sin olvidar la titularidad del Hospital de la VOT de San Francisco de Asís, un centro médico privado junto a la basílica de San Francisco el Grande. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas calcula que son más de 200 viviendas. Los documentos permiten asomarse al valor económico de estas propiedades a través de las cargas hipotecarias, que funcionan como una referencia indirecta del mercado. Un local en la calle Atocha aparece tasado en torno a los 450.000 euros; dos viviendas en la plaza de Herradores superan los 480.000; y un edificio completo en la calle Santa Brígida alcanza los 7,8 millones de euros. Son cifras puntuales, pero bastan para dimensionar la relevancia de un patrimonio concentrado en varias de las zonas con mayor presión inmobiliaria de la ciudad. A ese conjunto se suman piezas singulares como la capilla de San Buenaventura o el complejo de San Bernabé, ambos declarados Bien de Interés Cultural. Según una tesis doctoral de la investigadora María Dolores Delgado titulada La venerable Orden Tercera de San Francisco en el Madrid del siglo XVII (sociedad confesional, caridad y beneficencia), la VOT se instituyó en el Madrid de comienzos del siglo XVII con un doble objetivo: mantener la fe católica y dispensar la caridad entre los más necesitados. La Orden Franciscana Secular (OFS) de España, conocida antes del Concilio Vaticano II como Orden Franciscana Seglar o VOT, celebró en 2021 su Capítulo Nacional Electivo, en el que se eligió una nueva junta encabezada por Antonio Álvarez como ministro nacional. Según la Archidiócesis de Madrid, “la organización figura inscrita como Fraternidad de San Francisco del Grande. Si bien no fue erigida canónicamente por el arzobispo, por lo que no depende de su autorización ni de la supervisión específica de sus órganos de control”.Un tiempo a esta parte, la orden se comporta como una de tantas empresas que llegan a acuerdos con sus inquilinos en los que, a cambio de que estos se hagan cargo de la reforma del inmueble, se les deja un alquiler algo más barato. Después, llegan las subidas, el desahucio y la especulación.“A Dios rezando y con la VOT desahuciando”, coreaban los manifestantes en el portal de Mariano desde las cinco de la mañana. El Sindicato de Inquilinas ha sido uno de los primeros en denunciar el “rentismo religioso” de la asociación. Dentro del grupo de afectados por los curas hay ya 40 vecinos que han identificado en La Latina y zonas cercanas al menos un centenar de viviendas en las que funciona el mismo modus operandi: alquileres más bajos a cambio de reformas tras las que llegan las subidas de alquiler.Se trata, por otro lado, de un negocio discreto. “Nos hemos enterado de que son dueños de más casas por el boca a boca. Me sorprendió: no conocía ninguna orden que tuviera estas características”, cuenta Javier U., de 45 años, que vive desde hace doce años en un ático en la calle Mira el Sol, en Lavapiés. Su bloque, de unos 20 pisos, es propiedad exclusiva de la asociación. Cuando entró, pagaba 700 euros por una vivienda de una habitación, pero a cambio le pidieron que renovara la cocina. Ahora ya le cobran 950 euros al mes, aunque intentaron subirle 150 euros, pero la ley no se lo permitía. “Me quedan tres años; ya veremos qué pasa con mi casa”.“En el grupo de WhatsApp de afectados por los curas hay gente de diferentes bloques en Madrid. Se creó a raíz de las luchas individuales que teníamos con la VOT por las renovaciones de alquiler y el mantenimiento, y nos fuimos poniendo en contacto. Cuando alguien tiene algún problema, se cuentan las experiencias para ver cómo combatir a la orden de la forma más efectiva”.“En mi casa no funciona ningún enchufe, las tuberías están llenas de óxido y las paredes, de carcoma. Hay goteras, agujeros en el techo, cables rotos, suciedad acumulada y puertas que no cierran”, detalla Javier, a quien sus caseros religiosos ya amenazan con subirle el alquiler si no paga él mismo más reformas. “Hemos intentado que arreglen por lo menos las zonas comunes, pero siempre te dan largas. Ellos juegan al desgaste: llega un momento en que te cansas de insistir”.No es el único caso. Daniel Fernández-Cañadas también ha decidido unirse al movimiento, explica que vivió durante unos ocho años en un piso de la orden ubicado en la calle Molino de Viento, 9, en Malasaña. Cuenta que en 2020, tras un incendio en el cuarto de contadores, empezaron a darse problemas de insalubridad en el portal. Por toda respuesta a sus quejas, recibió en pleno estado de alarma un burofax comunicando que tenía que abandonar la vivienda. Fernández pagaba 800 euros de alquiler. “No me sorprendió nada lo que le hicieron a Mariano”, asegura. La asociación, que durante los dos últimos años ha recibido más de 150.000 euros en subvenciones de la Comunidad de Madrid, defiende en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico tras varios intentos de contacto que el desalojo de Ordaz llega tras un largo proceso judicial y múltiples intentos de acuerdo que, según su versión, no prosperaron. La entidad subraya que el contrato quedó extinguido por sentencia firme en mayo de 2022 por impago y fin del plazo y que los juzgados rechazaron la situación de vulnerabilidad del inquilino. A su juicio, la negativa del inquilino a aceptar las propuestas y el hecho de llevar cuatro años sin abonar renta justifican la ejecución del desahucio, que los juzgados consideran acorde a derecho, y sostiene que a partir de ahora corresponde a la administración pública ofrecer una solución habitacional al afectado.