Unos 100 inquilinos se concentran frente al Arzobispado de Madrid para protestar contra la transferencia de unos inmuebles cuyos compradores están imputados por estafa y corrupción
Con cánticos de “Especular es pecado capital” y “Arzobispado con los buitres ha pactado”, cerca de 100 vecinos cuyas viviendas son administradas por una fundación dependiente del Arzobispado de Madrid, se concentraron este domingo frente a la sede eclesiástica para reclamar que no se produzca su venta. El Juzgado de Instrucción número 28 debe decidir si mantiene las medidas cautelares sobre el traspaso de 13 edificios situados en el centro de la capital a la sociedad Tapiamar, operación que se paralizó...
en 2019 por presuntas irregularidades y que, en el caso de ejecutarse, expulsaría de sus casas a unas 200 familias.
Los inmuebles en cuestión, situados en calles como Fuencarral, Churruca o San Bernardo, son gestionados por la Fundación Fusara, una entidad cuyo fin es “educar a menores de edad carentes de recursos económicos” y que surgió en 2008 por la fusión de dos fundaciones que disponían de numerosos inmuebles. Con ellos nutrían de fondos a orfanatos, colegios concertados y residencias. “Este patrimonio inmobiliario que tiene un fin social no es propiedad del Arzobispado, que es quien lo gestiona. Los propietarios son los herederos universales, que son los niños pobres de Madrid y su provincia, tal y como figura en los estatutos originales de 1925. Están vendiendo algo que no es suyo”, resume Jesús Manrique, uno de los inquilinos afectados.
