La Archidiócesis de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a que continúe la venta de 13 edificios, propiedad de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), dirigida por la Iglesia, que en 2019 se había paralizado debido a denuncias por irregularidades por parte de los vecinos. Estos inmuebles fueron donados por miembros de la fundación con la condición de que nunca se vendieran, y de que los beneficios que se obtuvieran de su uso siempre fueran a esta entidad. Aun así, en 2019, la fundación intentó vender las 14 fincas por solo 65 millones de euros a la sociedad Tapiamar, cuando, según los vecinos, su precio total no baja de 250 millones.
Ahora el arzobispado ha subido el precio a 99 millones de euros por 13 de los inmuebles, en un intento —ya que el Juzgado debe aprobarlo— de que la operación siga adelante con el mismo comprador, que actualmente se encuentra imputado por los delitos de estafa y corrupción. En el nuevo acuerdo, la Iglesia también ha renunciado “libre y expresamente” a las acciones penales y civiles en contra de esa persona, dejando en el Juzgado la decisión de que se siente o no en el banquillo. Los vecinos de los inmuebles no se han quedado de brazos cruzados y escribirán una carta al nuevo Papa. A todo esto, el Arzobispado madrileño ha decidido guardar silencio y ha dicho a este diario que “no hará declaraciones”.
