Las prácticas de los grandes tenedores de vivienda ya se asemejan al modus operandi que usan los fondos buitre para vaciar edificios enteros, según denuncian inquilinos de tres bloques de pisos de tres zonas distintas de Madrid que tienen algo en común: son propiedad de la misma familia de rentistas, los Campos Cebrián González-Ruano, que tienen otros cinco inmuebles enteros en la capital. Los vecinos no se conocen entre sí, al menos hasta ahora. Unos viven en la calle de General Lacy 22 (Arganzuela), otros en Modesto Lafuente 8 (Chamberí) y, otros, en Mesón de Paredes 88 (Lavapiés), pero todos tienen algo en común: una misma familia propietaria de los tres edificios y todos coinciden en cómo ha sido el proceder de la propiedad para echarlos de sus casas: burofaxes de fin de contrato, hostigamiento, cambio de suministros sin avisar, desperfectos y humedades que no se arreglan y presencia de mediadores para empujarlos a la casilla de salida, es decir, “puro acoso inmobiliario”.
Por ello, han acudido este martes al Congreso de los Diputados, donde han expuesto su pesadilla ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en una reunión a la que ha asistido el diputado de Sumar Carlos Martín Urriza. Los inquilinos no han recibido información alguna de a qué se van a destinar sus viviendas, pero el Sindicato de Inquilinas, quienes los asesoran, sospechan que la propiedad pretende vaciar los edificios para transformarlos en alquiler de temporada. La familia Campos Cebrián González-Ruano, al otro lado de esta historia, no ha respondido a las preguntas de este periódico.
