Las consultas y denuncias vinculadas a dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo crecieron un 300 % durante 2025 en comparación con el año anterior, según un informe difundido por Amnistía Internacional, que advirtió sobre un “grave deterioro” en las condiciones de acceso a este derecho en Argentina.

El relevamiento fue presentado en la previa del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se conmemora este 28 de mayo, y señala que durante 2025 la organización recibió 406 denuncias y consultas por obstáculos para acceder al aborto, frente a las 102 registradas en 2024.

De acuerdo con el informe, los recortes en políticas de salud sexual y reproductiva, junto con la falta de insumos y el retiro del Estado nacional de programas vinculados al área desde el inicio del gobierno de Javier Milei, trasladaron el costo de acceso a las personas gestantes.

La organización sostuvo que más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y que casi todas registraron problemas de abastecimiento de mifepristona, medicamentos fundamentales para garantizar abortos seguros.

Además, el documento cita datos oficiales según los cuales en 2025 hubo 191 llamados a la línea de salud sexual del Ministerio de Salud nacional relacionados con la falta de insumos.