NoticiaLas barreras del sistema de salud, la desinformación y la vulnerabilidad de poblaciones siguen frenando el ejercicio pleno de este derecho.El movimiento Causa Justa surgió de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en 2017 Foto: César Melgarejo. El Tiempo07.07.2026 15:05 Actualizado: 07.07.2026 15:05
Hace 20 años Colombia daba un histórico, en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Con la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional despenalizó parcialmente el aborto en tres causales: violación, malformación incompatible con la vida extrauterina y riesgo para la vida o salud de la mujer o persona gestante.Dieciséis años después, el país amaneció con una nueva victoria para el movimiento de mujeres: la Sentencia C-055 despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de manera libre y sin necesidad de justificación hasta la semana 24 de gestación.Aquella decisión judicial marcó un antes y un después. Sin embargo, cuatro años más tarde, el principal desafío ya no está en el marco jurídico, sino en el acceso efectivo. Un nuevo informe de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, advierte que la despenalización, aunque histórica, no ha sido suficiente para garantizar un acceso real y equitativo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).La despenalización fue un logro, pero no cerró la brechaEl 21 de febrero de 2022 la Corte emitió la sentencia C-055 de 2022. Foto:CortesíaEl informe titulado ‘Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento’ presenta los avances y lo que falta. Esas barreras, señala la organización, no golpean a todas por igual, ya que son las poblaciones más vulnerables (migrantes, niñas y personas rurales) quienes más sufren los obstáculos de un sistema que aún no logra garantizar a todas las mujeres el mismo acceso.El informe toma como base los 2.532 casos entre el 22 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 que llegaron a asesoría a la organización. Si se cuenta todo el periodo desde 2006, La Mesa ha acompañado a 4.130 mujeres, pero es esta ventana de casi cuatro años, ya con el aborto libre hasta la semana 24, la que retrata mejor el presente. De esos 2.532 casos, en 1.360 (53,7 %) hay certeza de que el procedimiento efectivamente se realizó.El dato que más preocupa tiene que ver con la edad. Se registraron 35 casos de niñas entre los 11 y 14 años. Dentro de ese bloque, las adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años suman 430 registros (16,9 %), un grupo que, dice el informe, enfrenta "mayores riesgos de estigmatización y maltrato". Que casi una de cada cinco atenciones sea a una menor de 19 años muestra que siguen existiendo escenarios de vulnerabilidad para niñas y adolescentes. El propio informe lo pone en esos términos: "la existencia de estos casos permite identificar que en el periodo de reporte se han seguido presentando escenarios de vulnerabilidad para las niñas menores de 14 años".El perfil general de las usuarias muestra una fuerte concentración entre mujeres jóvenes y adultas tempranas: las de 20 a 39 años representan el 44,5 % de los casos, y las de 15 a 19 años, otro 16,9 %. El restante 35,9 % de mujeres no aportaron información sobre su edad.Cuando hay información oportuna, el acceso es más temprano'Más allá del acceso de al aborto: 20 años de acompañamiento' Foto:Mesa por la Vida y la Salud de las MujeresNo todo son barreras. El informe muestra que cuando las mujeres reciben información y acompañamiento a tiempo, la mayoría accede a la IVE en las primeras semanas del embarazo. De las 1.360 mujeres que confirmaron haber accedido al procedimiento, 917 (67,4 %) lo hicieron antes de la semana 12. Otras 212 accedieron entre las semanas 13 y 20; 74 entre las 21 y 24, y 63 después de la semana 24.Cuanto más tarda una mujer en obtener información clara, más se corre el riesgo de empujar el procedimiento a semanas más avanzadas, con mayor carga física, emocional y de riesgo clínico.Otro cambio positivo del período 2022-2025 es que la mayoría de los casos ya no requieren largos litigios legales: solo el 19,2 % necesitó acompañamiento legal. Esto marca una diferencia real frente a la época en que la vía judicial era casi la única puerta de entrada. Hoy, dice el informe, los casos "se resuelven mediante la autogestión y la validación de derechos frente a los prestadores de salud".Las barreras La sentencia representó un avance gigante en los derechos sexuales y reproductivos, pero también trajo un reto inmenso: garantizar que cada mujer pudiera acceder de manera libre. Ese reto tiene hoy con desigualdades profundas, violencias basadas en género, fallas del sistema de salud, incumplimientos de entidades públicas y privadas, y desinformación.La presentación del informe se llevó a cabo este martes, 7 de julio. Foto:EL TIEMPOMás allá de las cifras, son historias como la de Patricia las que muestran el costo humano de esas barreras. El informe la describe así: "Patricia es una mujer indígena de 20 años con 20 semanas de gestación; se encontraba afiliada a la EPS AIC para marzo de 2022, cuando buscó acceder a la IVE. Su embarazo era producto de violencia sexual. Al momento de acudir al hospital, le informaron que la EPS no autorizaba el procedimiento."El caso de Patricia muestra la brecha entre la ley y la práctica. "A pesar de que el aborto es libre hasta la semana 24, el sistema de salud sigue imponiendo requisitos ilegales como valoraciones obligatorias por psicología y trabajo social, afectando incluso a mujeres en etapas tempranas de gestación", señala el documento. LEA TAMBIÉN El sistema de salud, una puerta que aún se cierra para muchas mujeresCon la Sentencia C-055 recayó sobre el sistema de salud la obligación de garantizar la IVE como un servicio médico accesible, seguro y libre de barreras. Laura Castro González, directora de la organización, reconoce que ha habido avances: "hay que destacar que la mayoría de los casos que conocimos y que accedieron al IVE fue por las EPS". Del total de mujeres que accedieron, el 48 % lo hizo a través de su EPS.Los datos permiten ver además un cambio estructural en las rutas de acceso. Entre 2022 y 2025, la atención por EPS pasó a representar el 62,9 % de los casos, un salto de 20 puntos porcentuales, y las IPS públicas subieron al 30,8 %.Sin embargo, aún hay fallas. Según el informe, la falta de entrenamiento médico, la escasez de insumos y medicamentos, y uso de tecnologías obsoletas persisten. Un ejemplo concreto es el legrado, un método que la Organización Mundial de la Salud no recomienda, pero que, dice el documento, "sigue siendo utilizado en varias regiones del país, lo que se traduce en mayores riesgos para las mujeres".Atención médica Foto:FCVA esto se suma, que muchas mujeres tienen que viajar hasta otras ciudades para realizarse el procedimiento por falta de personal o insumos en su lugar de residencia. Bogotá recibió el 43,1 % de esos traslados.En algunos casos, los profesionales y las IPS "han omitido la aplicación de los protocolos técnicos del Ministerio de Salud", lo que ha derivado en "la aplicación de dosis inadecuadas de medicamentos requeridos para el acceso a la IVE".El doble obstáculo para las migrantes Si hay un grupo donde todas estas fallas se acumulan, es el de las mujeres migrantes. El informe registró 204 atenciones a mujeres migrantes, el 90,4 % fueron venezolanas, y el 86,2 % en situación migratoria irregular. Es decir, mujeres que ya enfrentan de por sí las barreras generales del sistema, más las que se derivan de no tener un estatus migratorio regularizado.Sara Méndez Niebles, una de las autoras del informe, lo resumió en la presentación del documento con una frase que pesa más que cualquier cifra: "No hay una sola semana en la que yo no atienda a una mujer migrante que tuvo alguna dificultad en el sistema de salud".En Colombia el aborto será libre y legal hasta la semana 24. Foto:César Melgarejo / EL TIEMPOLo que sigueEl informe cierra con un llamado al Estado para que existan las garantías necesarias para que el derecho reconocido por la Corte sea accesible para las mujeres. En palabras de La Mesa, "este trabajo continuará e irá de la mano siempre con un llamado al Estado colombiano por el avance en la implementación del marco normativo de los derechos sexuales y reproductivos, con enfoque de justicia reproductiva que elimine las brechas de acceso que todavía castigan a las mujeres, personas trans y no binarias más vulnerables".Natalia Peláez SabogalEscuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO Redacción Justicia Conozca más noticias de Justicia: LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
