En junio del 2025, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) dictaminó que el Estado de Guatemala no protegió y vulneró los derechos de Fátima ―seudónimo para proteger la identidad de la víctima― cuando quedó embarazada a los 14 años, producto de una violación sexual sistemática.
Transcurrido un año, los 11 puntos que se mencionan en el dictamen y que el país debe atender tienen escaso avance, según Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, organización que da acompañamiento al caso.
El Comité de la ONU estableció que el Estado guatemalteco debe enmendar la situación vivida por Fátima y su hijo: proporcionar una reparación integral por el daño sufrido, que incluya una indemnización adecuada; reparar la afectación infligida a su proyecto de vida, con apoyo para que pueda terminar su educación superior y llevar adelante su plan de vida, y garantizar el acceso a la educación, en todos los niveles, para el niño.
Además, debe proporcionar atención psicológica especializada para ella y para su hijo; garantizar el acceso efectivo a la justicia mediante el avance eficiente del proceso penal, y llevar a cabo un reconocimiento público de responsabilidad.
Barrios indica que hay avances en tres de las medidas: una beca que le permite cursar una maestría, la gestión de la reparación económica y la posibilidad de una beca de estudios para el niño. Las otras medidas están en proceso.
