Más de 314.000 mujeres se han beneficiado de la ley, que el presidente ultra considera una “política asesina”
Cuando el 30 de diciembre de 2020 el Senado argentino aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la calle estalló: la euforia brotó en el seno de un movimiento con decenas de miles de activistas que, en pleno verano pandémico, logró un derecho que se reclamaba desde hacía décadas. Argentina se convirtió en ese momento en el quinto país de América Latina —después de Cuba, Uruguay, Guyana y, entonces solo en algunos Estados de México— que despenalizaba el aborto de forma total hasta la semana 14, es decir, que ya no se requería demostrar una violación, riesgo de vida o de salud de la gestante.
Cinco años después, más de 314.000 mujeres han accedido a un aborto de forma segura y gratuita en la sanidad pública argentina, pero los equipos médicos que garantizan este derecho se enfrentan a cada vez más obstáculos a medida que avanza la agenda social ultraconservadora del Gobierno de Javier Milei.
Milei sostiene una firme posición contra el aborto, que considera un “asesinato agravado por el vínculo” y ha pretendido relacionarlo con la caída en la tasa de natalidad. Aun sin intención inmediata de derogar la ley, sí ha vuelto más difícil su aplicación, como señala un informe publicado por Amnistía Internacional. Entre las acciones tomadas por el Estado destacan: la interrupción en la compra y distribución de misoprostol y mifepristona (medicamentos esenciales para abortar de forma segura); la reducción en la provisión de anticonceptivos y tests de embarazo —instaurada como política pública desde 2002—; el desmantelamiento del Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia —que entre 2018 y 2022 contribuyó a reducir los embarazos adolescentes en un 49%— y la falta de información accesible para que las mujeres y personas gestantes conozcan sus derechos.
