La propuesta de blindar los derechos reproductivos responde a la importancia del debate y al nivel de la amenaza
El Gobierno dio este martes el primer paso para presentar formalmente una propuesta de reforma de la Constitución para incluir como derecho la interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta es añadir un apartado al artículo 43 que obliga a todos los poderes públicos a garantizar este derecho reconocido en la ley de 2010 y ratificado en 2023 por una sentencia del Constitucional. El tribunal tardó nada menos que 13 años en decidir sobre la constitucionalidad de esta ley en respuesta a un recurso del PP. Una ley que el último presidente de ese partido, Mariano Rajoy, decidió dejar como estaba a pesar de gobernar con mayoría absoluta. Con las encuestas en la mano, los conservadores españoles decidieron entonces abandonar la guerra con este asunto. Hasta hace dos semanas, cuando hicieron saltar las alarmas el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, primero, y sobre todo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, arremetiendo contra las garantías al ejercicio de este derecho. La presidenta de la comunidad, donde un 99,5% de las interrupciones de embarazos se practican en clínicas privadas, tuvo el cuajo de calificar el aborto como un “gran negocio para el feminismo”.
