Si prospera la propuesta del Gobierno, fijaría un mínimo democrático: que la autonomía reproductiva no dependa de mayorías cambiantes y obligaría a abordar la cuestión de fondo que España sigue posponiendo: si está dispuesta a garantizar este derecho en serio
Aunque la inclusión del derecho al aborto en la Constitución no resolverá por sí sola las barreras de acceso, sí hace algo imprescindible: blindarlo frente a retrocesos y obligar a replantear el marco en el que se regula. No es un gesto técnico ni simbólico. Es una decisión política s...
obre qué lugar ocupa la autonomía reproductiva en una democracia. Y, sobre todo, una oportunidad para dejar atrás un modelo que aún arrastra inercias penales incompatibles con su ejercicio efectivo.
Si prospera, España será el segundo país del mundo en reconocer este derecho en su Constitución, tras Francia en 2024. No es casualidad. La reforma francesa respondió a un contexto internacional de regresión —la revocación de Roe v. Wade en Estados Unidos, las restricciones en Polonia— que ha demostrado que ningún derecho es irreversible y que su protección exige, en determinados momentos, elevar su rango normativo.
España no parte de cero. El Tribunal Constitucional ha vinculado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo con derechos fundamentales como la dignidad, la integridad física y el libre desarrollo de la personalidad, y ha subrayado la obligación de los poderes públicos de garantizarlo como prestación. El problema no es la ausencia de reconocimiento, sino su insuficiente materialización.
