Una joven sale del consultorio del doctor Samson Mwita, en el Centro Médico de Mwera, en un suburbio al este de Nairobi. Acaba de tener una consulta para abortar dentro de los supuestos que permite la Constitución keniana: cuando se trata de una emergencia médica o la vida de la madre está en peligro. Mwita ha empleado más de una hora en explicarle el procedimiento y completar un historial detallado con sus datos y su firma. La documentación los protegerá a ambos ya que si un policía los detuviera y los llevara a los juzgados ―como le ha ocurrido a Mwita en cinco ocasiones― podrían acreditar que la decisión ha sido consentida por la paciente y que es legal. Ninguno está cometiendo un delito, pero prefieren extremar las precauciones. Sobre todo en este momento. A finales de abril, un tribunal de apelación anuló una sentencia de 2022 que había reconocido el aborto como un derecho fundamental de las kenianas y había ordenado dar garantías para que los médicos pudieran brindar el servicio sin riesgo de ser acusados de cometer un delito. “Ya era muy difícil hacer esto antes. Este nuevo veredicto nos hace retroceder respecto a lo que habíamos logrado”, asegura Mwita a EL PAÍS desde su consultorio, vinculado a la Red de Salud Reproductiva de Kenia (RHNK, por sus siglas en inglés), donde lleva más de 20 años garantizando abortos seguros y legales. El fallo de abril ha encendido la alarma entre organizaciones de mujeres y profesionales médicos . Ellas temen ser criminalizadas por abortar en centros autorizados y en los casos permitidos por la Constitución; ellos, ser procesados por atenderlas y que sus pacientes prefieran ir a clínicas ilegales. La situación es especialmente grave en un país donde hasta el 14% de los embarazos terminan en abortos inseguros y donde cada año mueren 2.600 mujeres por someterse a procedimientos en “clínicas clandestinas”.Aunque, sobre el papel, Kenia es uno de los países más progresistas de África en legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo, en la práctica no es fácil ejercer este derecho por el estigma, los vacíos legales y la falta de medios, como han denunciado el Center for Reproductive Rights (CRR), el Kisumu Medical and Education Trust y otras organizaciones.Para entender la decisión judicial del pasado abril hay que remontarse hasta 2019, cuando una adolescente de 16 años fue detenida y acusada de haber tomado fármacos para interrumpir su embarazo y el médico que la atendió en urgencias tras un aborto espontáneo fue acusado de haberle suministrado medicamentos, lo cual podría merecer hasta tres años de cárcel.En 2022, un tribunal consideró ilegal la detención y el proceso judicial contra ambos y ordenó cerrar el caso. Ese fallo, además, reconoció el aborto como un derecho fundamental y estableció que un profesional sanitario cualificado que actúe de buena fe no puede ser considerado culpable de delito. También fijó un plazo de cinco años al Parlamento para regular mejor estos servicios. Pero este abril, el Tribunal de Apelación, en respuesta a una reclamación de una asociación cristiana, anuló esa decisión y sostuvo que el juez se equivocó al paralizar la investigación. Las mujeres protestanLa Constitución no cambia y el aborto sigue siendo legal en Kenia en determinados supuestos, pero abogados y organizaciones que defienden los derechos reproductivos consultados por EL PAÍS advierten de que el fallo sienta un precedente que alimenta el miedo y la desinformación entre las kenianas.Las mujeres ya se han lanzado a las calles para protestar. El 7 de mayo, el Women Collective Kenya, un movimiento en defensa de los derechos de las mujeres, convocó una manifestación en Nairobi frente al Ministerio de Sanidad para exigir al Gobierno que proteja a pacientes y profesionales. Más de un centenar de personas portaban carteles con consignas como “El aborto es un derecho fundamental”, “La denegación es violencia” y “Basta ya de criminalizar la atención sanitaria esencial”. Ruth Mumbi, directora del colectivo, sostiene que la sentencia agravará el estigma contra quienes opten por abortar, así como contra las organizaciones comunitarias que les brindan información sobre cómo hacerlo de forma segura. “Tenemos miedo. Esto no va a aportar mayor seguridad a las mujeres y las niñas; por el contrario, las expone aún más al riesgo de morir por causas evitables. La decisión no se centró en la realidad cotidiana de la mayoría, que sigue enfrentándose al estigma”, asegura Mumbi a EL PAÍS tras la marcha. A su lado, Veronicah Wanjiru, también integrante del colectivo, asiente. Sabe bien lo que significa enfrentarse a esas barreras: hace años, se sometió a un aborto en una clínica clandestina. “Sobreviví, gracias a Dios”, reconoce con alivio. “Instamos al Gobierno a que revise la sentencia y regule el aborto seguro. Y que, en ese proceso, nos involucren. Necesitamos que los hombres dejen de hablar en nuestro nombre”, afirma. Mercy Imgasha ha viajado desde Migori, 370 kilómetros al este de Nairobi, para protestar. Le preocupa que la sentencia frene los avances logrados en zonas rurales. “Cuando empezamos a hablar de aborto seguro, la población lo veía mal porque lo consideraba un pecado. Pero poco a poco los hemos sensibilizado y, ahora, cuando alguien tiene un embarazo no deseado, la envían a nuestra oficina, para que pueda informarse”, detalla. Susan (nombre ficticio) también ha se ha desplazado desde Migori para defender el derecho al que su hermana no tuvo acceso. “Murió a los 27 años por un aborto inseguro y dejó cuatro hijos. Si hubiera tenido la oportunidad para elegir, los medios económicos y un entorno sin estigma, seguiría viva”, sostiene. El laberinto jurídicoMartin Onyango, asesor jurídico del CRR y abogado del profesional sanitario acusado en 2019, sostiene que el Tribunal de Apelación de Malindi “ha ignorado todas las leyes kenianas que reconocen el aborto como un derecho fundamental”. “Esta no es una decisión jurídica, sino una carta de triunfo contraria a los derechos de las mujeres”, afirma, en una entrevista por videollamada. Señala a organizaciones cristianas y grupos antiderechos de socavar, por la vía judicial, el acceso al aborto. El CRR ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo de Kenia. Onyango considera que la decisión ha generado confusión entre los proveedores sanitarios. “Cuando los profesionales temen ofrecer servicios, las mujeres y las niñas que buscan ayuda se quedan sin alternativas. Muchas acaban recurriendo a opciones inseguras porque los centros resultan inaccesibles debido a pronunciamientos como este”, argumenta. Esto, asegura, podría aumentar la carga sobre los centros de salud y hospitales públicos, que verían un aumento de pacientes con complicaciones por procedimientos inseguros. También le preocupa que la decisión abra la puerta a detenciones arbitrarias y a largos procesos judiciales. “El Tribunal opina que hay que detener a todo el mundo y que durante el proceso, cuando sean citados a defenderse, se podrá saber si prestaban un servicio de aborto dentro o fuera de la ley”, explica. “Es una tontería”, añade, “la Constitución ya establece en qué casos el aborto está protegido, precisamente para poner fin a la criminalización de un procedimiento sanitario”. El Tribunal de Apelación ha ignorado todas las leyes kenianas que reconocen el aborto como un derecho fundamentalMartin Onyango, asesor jurídico del Center for Reproductive RightsErick Mundia, abogado y responsable de Políticas en Ipas África- Alianza por la Justicia Reproductiva , asegura que desde finales de abril su organización ha recibido decenas de llamadas de clínicas de salud reproductiva que les piden asesoría legal para saber si pueden seguir prestando estos servicios. Muchos evitan arriesgarse a ser detenidos o a afrontar procesos judiciales, explica, porque temen que afecte a su reputación y les suponga un alto coste de tiempo y recursos. El problema, añade, es que no siempre las pacientes están dispuestas a cooperar para elaborar historiales clínicos completos. Temen dar su nombre, firmar un consentimiento o explicar cómo han llegado a esa situación. Mwita, que conoce de primera mano cómo funcionan las detenciones y los procesos judiciales, explica que se trata de un proceso intimidante y agotador que, en algunos casos, puede disuadir a los sanitarios de prestar atención en salud sexual y reproductiva. La última vez que estuvo detenido fue en 2018 por atender a una menor de 16 años ―con la supervisión de la madre― que sufría complicaciones de un embarazo fruto de una agresión sexual. Mwita y la madre fueron acusados de intentar un aborto ―que, de haberse producido, habría sido legal según la Constitución y los protocolos internacionales suscritos por Kenia― y se enfrentaban a una pena de 14 años de cárcel. Con el apoyo legal de Onyango, libraron una batalla judicial que se prolongó hasta 2023 y que finalmente ganaron.“Es una pérdida de tiempo. Debería estar aquí atendiendo a las pacientes, pero tengo que lidiar con dramas innecesarios. Nuestro sistema judicial no funciona bien y los casos se alargan”, se queja. A unos 20 minutos andando, hay una estación de Policía. El riesgo sigue latente. “No es fácil, ni siquiera para mí, que tengo la formación para lidiar con este acoso y que sé cuáles son mis derechos”, asegura. A sus colegas, a quienes suele asesorar, les recomienda no acceder a sobornos, no perder la calma si la Policía los detiene, hacer exhaustivos exámenes previos a las pacientes y recabar historias clínicas detalladas. “Estamos decidido a seguir prestando el servicio para no perder los logros que hemos conseguido a lo largo de tantos años”. Los expertos advierten que la decisión llega en un momento crítico. No solo escasean algunos métodos anticonceptivos por el cierre de USAID, la agencia de cooperación estadounidense, y la reducción de la ayuda en programas de salud reproductiva, sino que han aumentado los embarazos en niñas entre los 10 y 14 años en un 14,6% en 2025.“No queremos que la gente venga a abortar, sino que venga por anticonceptivos”, afirma Mwita. Pero, si estos fallan, añade, es esencial garantizar el acceso a atención sanitaria cualificada. “Sueño con una Kenia en la que las mujeres tengan autonomía corporal; una Kenia en la que puedan acudir a un hospital y solicitar un servicio de calidad, sin temor a ser juzgadas”, afirma. Y concluye: “No quisiera que este fallo sea un motivo para dar marcha atrás”.