Nicola Packer, como otras muchas mujeres, descubrió que se había quedado embarazada con 41 años durante la pandemia, cuando hasta las decisiones más vitales tenían que tomarse en soledad y por remoto. Consultó con el Servicio Nacional de Salud, vía telefónica, y obtuvo la medicación para interrumpir su embarazo. Pero en contra de lo que ella pensaba y dijo a quien la atendió, la gestación superaba el límite legal de las diez semanas para ese aborto autoinducido. Llevaba embarazada 26 semanas.
Sus cinco años de calvario judicial, acusada de matar al feto “por envenenamiento”, han impulsado la mayor reforma legal realizada en el Reino Unido respecto a los derechos reproductivos de las mujeres de los últimos sesenta años. Una mayoría de diputados aprobó a última hora de este martes una enmienda por la que se despenaliza el aborto. Pero solo para la mujer. El personal sanitario que lo lleve a cabo fuera de los supuestos legales, así como las personas cómplices, seguirá siendo perseguido.
A diferencia de España, donde la ley vigente desde 2010 permite la interrupción voluntaria hasta la semana catorce sin tener que dar explicaciones, y más allá de ese plazo en determinadas circunstancias, el Reino Unido todavía enmarca el aborto dentro de un marco penal: es decir, siempre será un acto delictivo, salvo en determinados supuestos. Igual que sucedía en España hasta la reforma de hace quince años.
