El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado –y tendrá que ir a declarar ante el juez José Luis Calama– por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Los dos informes policiales clave en los que se apoya el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional sitúan a Rodríguez Zapatero como líder de una "red de influencia" que funciona gracias a un entramado de sociedades, creado por el empresario alicantino Julio Martínez Martínez y que supuestamente sirvió para conseguir una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por importe de 53 millones de euros para salvar de la quiebra a la aerolínea Plus Ultra.PublicidadEl tráfico de influencias se define en el artículo 429 del Código Penal como el delito que comete todo aquel que "influye" en un funcionario o autoridad pública aprovechando su relación personal con éstos "para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero". Se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años.Por tanto, para configurar el tipo penal hace falta no sólo un corruptor, sino también un responsable público ("funcionario o autoridad") al que presione o influya a fin de que tome una decisión que le proporcione un beneficio económico. Los dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no revelan quién o quiénes han sido esos responsables públicos, ni ofrecen dato alguno de la posible "influencia" ejercida por Zapatero sobre ellos.Es cierto que esos dos informes están fechados el 22 de abril, es decir, antes de que la Policía entrase en el despacho de Zapatero y en la empresa de sus hijas y se incautase de abundante documentación, cuyo análisis aún no ha sido incorporado al sumario. El papel de PartearroyoEn los informes sólo se cita por su nombre a un responsable de la SEPI, José Ángel Partearroyo Marín, director de Participadas IV. Con él mantuvieron reuniones los directivos de Plus Ultra, y fueron frecuentes sus conversaciones telefónicas. Pero en ninguna de las referencias que los ejecutivos de la aerolínea hacen sobre Partearroyo Marín se mencionan posibles influencias ejercidas por Zapatero. La relación es fluida –"siempre muy amable e inclinado a ayudar en todo momento", aseguran–, pero el contenido de las conversaciones intervenidas hasta ahora no va más allá de cuestiones administrativas o del procedimiento que la SEPI tenía en curso.PublicidadPlus Ultra había solicitado el rescate el 1 de septiembre de 2020 y el primer intercambio con Partearroyo Marín no se produce hasta el 2 de diciembre. Entonces les comenta que están en la fase de contratar asesores, lo que se haría el 9 de diciembre, tras resolverse un concurso, en virtud de un acuerdo marco de 42 millones de euros, que se adjudicó a 18 despachos de abogados y consultoras. Daiwa Corporate Advisory y Deloitte fueron los encargados del asesoramiento económico y financiero de Plus Ultra, y ambos emitieron informes favorables a la concesión de la ayuda pública.El 2 de marzo de 2021, José Ángel Partearroyo comunica a Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de la aerolínea hispano-venezolana, que el rescate ha sido aprobado por el consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para resolver las solicitudes de ayuda temporal de las empresas afectadas por la pandemia. Y que se encuentra sólo a falta de que el Consejo de Ministros la apruebe siete días más tarde. Pero había sido Julio Martínez Martínez quien cuatro días antes, el 26 de febrero, ya había comunicado a Rodolfo Reyes y a Camilo Ibrahim Issa, otro accionista de Plus Ultra, que la ayuda había sido concedida, según consta en sendos mensajes de texto enviados por el primero.Sin mensajes de ZP pero con un contrato de asesoríaTampoco hay en los informes policiales conocidos hasta ahora ninguna comunicación entre Rodríguez Zapatero o Julio Martínez Martínez y responsables de la SEPI. Sí que han aparecido conversaciones en las que los ejecutivos venezolanos le dicen al amigo de Rodríguez Zapatero que "sería bueno presionar" para acelerar el proceso. Julio Martínez se limita a responder con un "Ok". En otro momento, los dueños de Plus Ultra comentan entre ellos que es bueno mantener la relación con Martínez por si fuera necesario un "empujón" ya que aún no han recibido el segundo tramo de la ayuda.PublicidadLo que el informe policial no revela es qué hizo el empresario alicantino tras ser requerido por los venezolanos para que "presionara" y dar su "ok".En cambio, se mencionan hasta seis requerimientos de información o de subsanación de errores que la SEPI hace a Plus Ultra y de los que habla José Ángel Partearroyo con los directivos de la aerolínea. Éstos también celebraron al menos cinco reuniones "con la SEPI", sin precisar con quién, incluidas algunas en las que estaban presentes los asesores Daiwa y Deloitte. Más sorprendente es la reunión "con el tipo de la SEPI" de la que habla Rodolfo Reyes, máximo accionista de facto de la aerolínea según la definición de la UDEF, el 4 de noviembre de 2020 y en la que participaba Julio Martínez Sola. Porque, siempre según la versión de los responsables de Plus Ultra, "de la otra línea", escuchaba la conversación "clandestinamente" Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero..También destacan los informes policiales como prueba de cargo contra el Julio Martínez el contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Plus Ultra e Idella Consulenza Stratégica SL: esta sociedad, creada por Julio Martínez, debía asesorar a la aerolínea en todo lo relativo a la solicitud de ayuda a la SEPI a cambio de 530.000 euros, el 1% más IVA del importe del rescate. Según el informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) e incluido en el sumario del caso, no consta, sin embargo, ningún abono de Plus Ultra a Idella. La UDEF cree que estos pagos fueron ingresados en la cuenta bancaria de la sociedad constituida por Julio Martínez en Dubái.Aviación Civil, AESA, Seguridad SocialLos informes policiales mencionan los nombres de otros altos funcionarios. Es el caso de Raúl Medina Caballero, director general de Aviación Civil. El 14 de julio de 2020 Rodolfo Reyes le pregunta a Julio Martínez Martínez quién va a acudir a una reunión prevista con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. El empresario alicantino le dice que puede "imaginar" que será Raúl Medina, pero que no lo sabe. El director general de Aviación Civil firmó en febrero de 2021 un informe sobre Plus Ultra, que se incorporó al expediente de la SEPI.En agosto de ese año, meses después de concedida la ayuda, Rodolfo Reyes pregunta a Julio Martínez si conoce a Julián Mateos, director de Negocios de la SEPI que acaba de ser nombrado director del FASEE. Y, a continuación, Reyes escribe: "10k done (hecho en ingles)". Al respecto, la UDEF llega a la conclusión de que esas palabras "ponen de manifiesto la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros". Pero no precisa nada más.Bartolomé Lora Toro, vicepresidente de la SEPI, aparece someramente en los informes de la UDEF, sólo como el firmante de la adjudicación del contrato de asesoramiento financiero y legal de diciembre de 2020. También se cita a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes, pero no se concretan responsables o funcionarios del organismo. Sólo se hace referencia a que elaboró otro informe favorable sobre Plus Ultra, cuyos directivos estaban lidiando con las "dudas" que el plan de viabilidad de la aerolínea había suscitado en AESA.Finalmente, la UDEF saca a colación dos informes emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, firmados por el subdirector general adjunto de Recaudación en Periodo Voluntario, José Luis Encinas Prado, y por la jefa de sección de la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de Madrid, Belén Fruiters Casado. Ambos certificaban que Plus Ultra no tenía "pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas en la Seguridad Social". Por el contrario, la Policía Nacional sostiene que la aerolínea acumulaba una deuda con la Seguridad Social de 451.954 euros, del periodo comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2020. Ambas afirmaciones pueden ser correctas: si la deuda ha sido aplazada –o fraccionada o suspendida–, la empresa está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, que es lo que certificó la Tesorería General.