Los informes policiales que han motivado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recogen el convencimiento de los dueños y directivos de Plus Ultra de que el expresidente podía interceder en el rescate de la compañía aérea. De otro lado, los dos atestados utilizados por el magistrado José Luis Calama para dictar su auto de imputación no ofrecen indicios sólidos de qué pudo hacer Zapatero para que la ayuda de 53 millones de euros fuera concedida. Los policías y el juez presentan por ahora la conclusión de que el expresidente era el líder de una red de tráfico de influencias e incluyen en su razonamiento suposiciones tales como que ideó un plan para trasvasar fondos a Dubái o que dirigía la actividad de la consultora Análisis Relevante.
Plus Ultra contrató al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, para que hiciera gestiones y la compañía aérea fuera rescatada con las ayudas de la SEPI, puestas en marcha por el Estado para paliar los efectos de la covid-19. Martínez, a su vez, pagaba a su amigo Zapatero por supuestos trabajos de consultoría que el expresidente defiende que en algunos casos hizo de forma verbal. Los investigadores consideran esos trabajos de Zapatero una actividad ficticia que encubre el pago por ejercer el tráfico de influencias.
