Asier MartiarenaMadrid 25/05/2026 18:02 Actualizado a 25/05/2026 20:13 El acceso de José Luis Rodríguez Zapatero a las cuentas vinculadas a la empresa de sus hijas ha emergido como uno de los elementos sensibles de la investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre la presunta red de influencias y movimientos económicos en torno al rescate de Plus Ultra.El juez José Luis Calama ha acordado el bloqueo de todas las cuentas de las que el expresidente figura como cotitular hasta un límite de 490.780 euros -la cantidad que, según la investigación, recibió de las diferentes sociedades involucradas- y también ha ordenado inmovilizar saldos de varias mercantiles investigadas, entre ellas Whathefav SL, administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del ex jefe del Ejecutivo.Aunque ninguna de ellas figura actualmente como investigadas, algo que ha solicitado este lunes Hazte Oír ampliando esa petición de imputación a la pareja del expresidente, Sonsoles Espinosa, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye a Whathefav un papel relevante dentro de la estructura societaria. El informe sostiene que la sociedad actuaría como un “centro de redistribución de flujos económicos” y como un instrumento capaz de proporcionar “cobertura formal” a determinados movimientos financieros y mercantiles.En ese contexto aparece uno de los extremos que más atención concentra en el sumario. La Policía señala que Zapatero “consta como autorizado” en las cuentas bancarias de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, cuentas que -según añade- “son receptoras de importantes cantidades transferidas por la sociedad Whathefav SL”. Concretamente 985.219 euros provenientes de Inteligencia Prospectiva (561.440 euros), Análisis Relevante (239.755 euros), Gate Center (171.727 euros), y de la agencia de consultoría vinculada a esta última empresa, Thinking Heads (12.297 euros).La relevancia judicial de ese dato no reside únicamente en la existencia de una autorización bancaria -una figura relativamente habitual en ámbitos familiares o societarios- sino en el contexto en el que aparece incorporada por la UDEF. Los investigadores la conectan con una hipótesis más amplia: que Whathefav habría desempeñado una función instrumental dentro de la red empresarial investigada.Lee tambiénEn esa operativa, según el relato policial, los contactos comerciales los aportaría José Luis Rodríguez Zapatero, los informes de consultoría serían elaborados por el socio de la consultora Sergio Sánchez, mientras que la empres de las hijas de Zapatero se limitaría a su maquetación y envío a los clientes, una función que los investigadores consideran carente de “valor técnico especial”. A partir de ese esquema, la Policía concluye que la sociedad se perfilaría como un “elemento finalista” dentro del entramado investigado y como un “centro de distribución de flujos económicos”, encargado de la canalización de fondos procedentes tanto de clientes como de sociedades del propio circuito empresarial analizado.Sin embargo, la UDEF cuestiona que esa función justificase el volumen económico que recibía la sociedad. De ahí que concluya que la empresa “no aportaría un valor técnico especial” y que la “falta de coherencia organizativa” detectada podría estar orientada a la “canalización de pagos”.El rastro del dineroEn el marco de la investigación, el juez ha ordenado el bloqueo y seguimiento de una veintena larga de cuentas bancarias vinculadas a personas físicas y sociedades del entorno analizado. Entre ellas figuran cuatro a nombre del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa; otras dos tituladas por Laura Rodríguez Espinosa —hija del exjefe del Ejecutivo— en las que consta el propio Zapatero como autorizado; así como cuentas de varias mercantiles investigadas, entre ellas Whathefav SL, Análisis relevante, Iot Domotic, Afitta -una empresa instrumental vinculada al entramado societario investigado- e Idella, esta última identificada en la causa como la sociedad que habría canalizado la comisión vinculada al rescate de Plus Ultra.El bloqueo se extiende además a una cuenta de Caletón consultores SL, controlada por Santiago Fernández Lena, que según el juez habría operado como sociedad instrumental para canalizar fondos procedentes de Plus Ultra hacia el entorno de Julio Martínez. La resolución judicial subraya que esta última, pese a figurar en el Registro Mercantil, no habría aportado información contable ni documentación de actividad efectiva, un extremo que refuerza las sospechas sobre su papel dentro de la estructura investigada.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro