La imputación del expresidente del Gobierno y, sobre todo, los motivos que la justifican apuntan a la intervención de terceras personas en el presunto tráfico de influencias. Fuentes cercanas a la investigación aseguran a El Confidencial que las pesquisas implican a "altos cargos" del Gobierno sobre los que José Luis Rodríguez Zapatero y su núcleo de confianza ejercieron presiones para obtener contratos, ayudas y otras prebendas. Algunos nombres han aparecido ya, pero otros aún no han aflorado, agregan las fuentes consultadas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha hallado en la revisión del material incautado en la primera fase de la investigación, desplegada el pasado diciembre, mensajes y correos electrónicos que demuestran que el exsecretario general del PSOE facilitó a su amigo Julio Martínez el acceso a dirigentes y funcionarios clave para beneficiar a aquellos que abonaban comisiones por sus servicios. Cada uno de los clientes del entramado de Zapatero tenía intereses distintos. Empresarios de diversa índole acudían a la red con sus demandas y el socialista garantizaba que se les abrieran las puertas adecuadas. En ocasiones se trataba de reclamar la concesión de la adjudicación de contratos de obra pública. En otras, acceder a información clave para sus intereses o agilizar gestiones concretas. La trama se prestaba a cerrar encuentros, despejar trámites o facilitar contactos telefónicos. Como ya desveló este periódico, uno de los clientes de Análisis Relevante pidió por ejemplo que la exministra de Vivienda, ahora presidenta de Red Eléctrica Española (Redeia), Beatriz Corredor, le recibiera para que apoyara la construcción de plantas de energía solar y garantizara su acceso posterior a la red de distribución. La parte del caso centrada en el rescate de Plus Ultra, la más avanzada por el momento, ha reavivado, además, las sospechas sobre la SEPI, a cargo de la gestión de la ayuda a la compañía aérea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Según ha desvelado el instructor en su auto, los directivos de la aerolínea se felicitaron con varios días de antelación de que se hiciera pública la concesión de la inyección económica. La ayuda se aprobó definitivamente en marzo de 2021 en el Consejo de Ministros y, dado el nivel de relaciones del expresidente y su sintonía con varios de los ministros que lo integraban entonces, la investigación tendrá que determinar si existieron presiones sobre alguno de ellos. El magistrado a cargo de las pesquisas, José Luis Calama, considera a Zapatero el líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada, "que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables". El juez ya apunta a la existencia a nivel indiciario de conductas reprochables de altos cargos a los que cita con nombre y apellidos. Es el caso del entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, -hoy gobernador del Banco de España- y del exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, al frente de Correos en la actualidad. Respecto al primero, el magistrado se refiere a la deuda contraída por la aerolínea y a la posible intervención de Zapatero a través de Escrivá para que se concediera un aplazamiento clave. Según detalla el auto, Plus Ultra solicitó posponer su deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en agosto de 2017, petición que se aprobó en septiembre de aquel año para un importe de 136.506 euros. Según la legislación todavía vigente, el plazo máximo de aplazamiento de una deuda es de cinco años y la concesión incorpora unos plazos de amortización establecidos en la resolución junto con unos intereses. Todo se complicó en 2020. La compañía solicitó una primera "reconsideración" del aplazamiento vigente el 26 de marzo de 2020 por las dificultades derivadas de la pandemia y la tesorería se la concedió el 23 de abril, ascendiendo la deuda total aplazada en ese momento a 308.475 euros. El nuevo calendario para pagar la deuda seguía sin ser suficiente y el 29 de junio de 2020 la compañía solicitó una segunda reconsideración. De manera interna, el director de Recursos Humanos de Plus Ultra mostró su preocupación al director financiero por este movimiento: "Nunca ha visto con buenos ojos -la tesorería- varias reconsideraciones de deudas en el mismo año". La Seguridad Social no contestó a este requerimiento durante más de tres meses, plazo fijado como máximo en el reglamento de recaudación y a partir del cual se desestima automáticamente la solicitud. Esto hubiera llevado a la aerolínea a tener que pagar la deuda contraída en el plazo previsto y, en caso contrario, al inicio de la vía de apremio para embargar bienes y cuentas. Reunión con Escrivá en septiembre Sin embargo, el 5 de octubre obtuvo el visto bueno para un nuevo aplazamiento de una deuda total de 451.955 euros, un mes después de que el expresidente del Gobierno y José Luis Escrivá se reunieran. Cabe destacar que no todos los aplazamientos solicitados a la Seguridad Social se concedían, ni siquiera durante los difíciles meses de la pandemia. De 63.437 expedientes de aplazamientos COVID, 11.657 fueron denegados (el 18,4%). El juez Calama considera probado un encuentro entre Zapatero y Escrivá el 7 de septiembre en el Ministerio de Trabajo, según un mensaje remitido por el director de la Unidad de Emergencias del Ministerio de Transportes a Koldo García: "Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo", especifica el documento. Fuentes del entorno de Escrivá señalan que el exministro ha conversado con Zapatero a lo largo de sus años como ministro "en torno a media docena de veces", pero defienden que "en ninguna de esas ocasiones se ha abordado la situación de Plus Ultra ni de ninguna otra empresa". En concreto, reconocen que la cita entre ambos tuvo lugar el día señalado por el auto, pero que fue Escrivá quien la pidió a Zapatero para hablar del paquete de medidas por la pandemia. No obstante, cuando ABC desveló en diciembre los mensajes en los que se habla de esta reunión, el diario citaba a fuentes del entorno de Escrivá negando su existencia. La misma versión dieron estas fuentes el martes por la noche a Ana Pastor, directora del especial de El Objetivo en La Sexta, a quien también negaron que el encuentro se produjese. Por otra parte, fuentes del Ministerio de Seguridad Social apuntan que "la concesión del aplazamiento y la posterior reconsideración se ciñó en ese momento a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de este tipo”, descartando que existieran posibles irregularidades. Añaden también que todos los aplazamientos concedidos a Plus Ultra "finalizaron por pago" y que el retraso en los plazos pudo deberse a un elevado número de trámites por la pandemia. En paralelo a este proceso, Plus Ultra pidió el rescate a la SEPI el 1 de septiembre de 2020 adjuntando dos certificados de agosto de 2020 de la TGSS de estar al corriente de pago. La tesorería considera que un contribuyente está al corriente de pago si la solicitud de aplazamiento está formalmente aprobada, algo que no había sucedido a fecha de petición del rescate. Calama advierte de que Plus Ultra podría haber aportado "datos falsos", entre ellos, alteración de la identidad del titular de deudas pendientes, para obtener los certificados que le daban acceso al rescate. De nuevo, Transportes En cuanto al papel de Saura, el auto del instructor da cuenta de mensajes que le sitúan en otra reunión clave. Apenas unas horas después de que quedara cerrado el mecanismo del fondo habilitado para rescatar a las compañías afectadas por la pandemia, uno de los socios de Plus Ultra dio cuenta en varios de los mensajes incautados de una reunión mantenida con los altos cargos del departamento que entonces dirigía José Luis Ábalos. "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones. Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes. El papel del Ministerio será únicamente hablar bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado", decía aquel mensaje. En respuesta a esta valoración tan optimista, uno de los accionistas, Rodolfo Reyes, se jactó de sus contactos: "Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás", dijo.