NoticiaSe le acusa de ser el líder de una red de tráfico de influencias. Se trata del primer exmandatario español investigado formalmente en democracia.El expresidente del Gobierno español (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: AFPSUBEDITOR DE LA SECCIÓN INTERNACIONAL19.05.2026 17:47 Actualizado: 19.05.2026 17:47
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado este martes por la justicia española en una investigación sobre presuntas comisiones ilegales relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. LEA TAMBIÉN El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama citó a declarar a Zapatero el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales, al considerar que habría liderado una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” dedicada a intermediar ante organismos públicos para favorecer intereses privados, en este caso, los de la empresa de aviación.La causa investiga el rescate de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), organismo público que gestiona las empresas del Estado, a Plus Ultra. Esa ayuda hacía parte de un fondo creado por el Gobierno español durante la pandemia para evitar la quiebra de empresas consideradas estratégicas para la economía del país, afectadas por las restricciones sanitarias y la caída de la actividad económica.Fundada en 2011, Plus Ultra es una aerolínea de tamaño muy reducido en España. Foto:CortesíaEn un auto de 85 páginas, el juez sostiene que la red operaba mediante “el ejercicio ilícito de influencias” y que Zapatero era el “núcleo decisor y estratégico” de la estructura. Asimismo, la imputación coincide con un operativo en el que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) registraron físicamente la oficina privada de Zapatero en Madrid.Fundada en España en 2011, Plus Ultra es una aerolínea de tamaño muy reducido si se la compara con gigantes que operan en el país, como Iberia o Air Europa. En el momento de su rescate contaba con una flota muy pequeña y su cuota de mercado en los aeropuertos españoles era menor al 0,1 por ciento.De hecho, se especializaba principalmente en vuelos transatlánticos que conectaban Madrid con Latinoamérica (especialmente Caracas y Lima). Tras la aprobación del rescate, la oposición y el sector aeronáutico cuestionaron que el Gobierno la considerara vital para la infraestructura del país, dado su mínimo volumen de pasajeros. LEA TAMBIÉN Cabe mencionar que las bases del rescate prohibían dar dinero a empresas que ya tuvieran pérdidas graves antes de la crisis sanitaria (es decir, a cierre de 2019); sin embargo, para ese entonces Plus Ultra ya acumulaba millonarias deudas, lo que la invalidaba legalmente para recibir dicha ayuda estatal.De acuerdo con la resolución judicial, los directivos de Plus Ultra intentaron acceder al rescate mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”. Para ello, habrían activado dos líneas de influencia distintas: una relacionada con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, investigado en otra causa de corrupción, el llamado Caso Koldo, y otra vinculada al expresidente socialista.El magistrado considera que ambas vías funcionaron de manera simultánea, aunque sostiene que la relacionada con Zapatero terminó adquiriendo un “papel predominante” dentro de las gestiones para obtener la ayuda estatal.La investigación fue reabierta después de que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, especializada en delitos financieros, detectaran indicios de que el dinero del rescate pudo haber sido utilizado para blanquear fondos provenientes de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios venezolanos.Pedro Sánchez (c.), sonríe junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: AFPSegún el auto, la presunta red habría utilizado sociedades en paraísos fiscales, además de estructuras fiduciarias y cuentas en el extranjero, para ocultar el origen y destino de los fondos. La investigación también pone el foco sobre una cuenta en Dubái que, según el juez, habría sido creada para cobrar presuntamente una comisión equivalente al 1 por ciento del total del rescate otorgado a Plus Ultra.El juez también señala a varias personas del entorno de Zapatero y a miembros de su equipo como posibles intermediarios directos encargados de mantener contacto con clientes y ejecutar instrucciones atribuidas al expresidente.Dentro de la investigación aparece la sociedad Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, Alba y Laura. Según el magistrado, la consultora Análisis Relevante transfirió 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 euros a esa compañía de su entorno familiar.El auto añade que parte de los fondos manejados por Análisis Relevante provenían directamente de la propia Plus Ultra y de otras empresas investigadas, entre ellas Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. LEA TAMBIÉN Tras conocerse la imputación, el expresidente negó haber realizado gestiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra y rechazó las acusaciones.“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, afirmó Zapatero en un mensaje remitido a medios españoles después de recibir la notificación judicial.También negó haber tenido sociedades mercantiles en España o en el extranjero, directa o indirectamente, y sostuvo que todos sus ingresos fueron declarados “con absoluta transparencia y legalidad” a través de su declaración de impuestos.Zapatero indicó que colaborará con la justicia y ejercerá su derecho a la defensa “con toda la firmeza y toda la convicción”.Asimismo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió un mensaje a la dirección del gobernante Partido Socialista Obrero Español (Psoe) en el que reconoció que el partido atraviesa “momentos duros” y pidió defender el “buen nombre” del expresidente.La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, afirmó que el Ejecutivo recibió la noticia “desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia”.Desde la oposición, el Partido Popular calificó la imputación como un hecho de “extrema gravedad” y exigió explicaciones al Gobierno español, al considerar que el rescate dependía de la aprobación del actual Ejecutivo. “Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún. Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España”, dijo Alberto Núñez Feijóo, líder del PP a través de un mensaje en X.Zapatero indicó que colaborará con la justicia y ejercerá su derecho a la defensa. Foto: REDES SOCIALESLa investigación sobre el rescate de Plus Ultra había sido archivada previamente por un juzgado de Madrid, decisión que posteriormente fue respaldada por la Audiencia Provincial. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF retomaron el caso en 2024 tras detectar posibles operaciones de blanqueo relacionadas con fondos vinculados a funcionarios venezolanos.Zapatero, que fue presidente entre 2004 y 2011, se convierte de esta forma en el primer expresidente del Gobierno español imputado formalmente por la justicia desde el retorno de la democracia en España en 1978.La justicia apunta a Zapatero como intermediario en negocios de petróleo con VenezuelaLa resolución judicial también sitúa a Zapatero en operaciones internacionales relacionadas con la compraventa de petróleo venezolano cuando era mediador de los diálogos entre el chavismo y la oposición. El juez habla de una “influencia determinante” del expresidente en negocios relacionados con petcoke –un derivado sólido del petróleo–, oro, divisas y acciones.La investigación menciona mensajes encontrados en el teléfono móvil del empresario Julio Martínez, considerado por el juez como colaborador cercano de Zapatero. Según esos mensajes, los potenciales compradores de petróleo debían canalizar sus gestiones a través de la red de contactos articulada alrededor del expresidente y enviar una “letter of intent” (o Carta de Intención) dirigida a él. LEA TAMBIÉN Para el magistrado, esos mensajes reflejan la participación directa de Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico y evidencian su acceso a personas “situadas en los más altos niveles de responsabilidad política” dentro del régimen de Venezuela.El auto también menciona conversaciones entre interlocutores que reconocían no saber exactamente qué tipo de crudo iban a adquirir. En uno de los mensajes citados por el juez se afirma: “Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino”.La investigación apunta además a la sociedad Inteligencia Prospectiva, administrada por los empresarios Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Según el juez, esa empresa operaba como punto de entrada de fondos extranjeros que posteriormente eran distribuidos entre otras sociedades vinculadas al entramado investigado.La resolución sostiene que esos recursos eran canalizados mediante operaciones simuladas de ampliación de capital –es decir, inyecciones de dinero ficticias– hacia las mencionadas Análisis Relevante, Gate Center y Whathefav.El juez cifra en cerca de dos millones de euros los presuntos beneficios que habrían recibido Zapatero y personas de su entorno a través de las operaciones investigadas.La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: AFPA esto se suman los indicios sobre el episodio ocurrido en enero de 2020, cuando la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en el aeropuerto de Barajas de manera clandestina debido a que tenía vetada la entrada en el espacio Schengen europeo por las sanciones al régimen de Nicolás Maduro. El exministro Ábalos se desplazó secretamente al aeródromo y ha sostenido que Rodríguez pretendía reunirse durante una hora con Zapatero al margen de las prohibiciones internacionales.Otra tormenta judicial en torno al PsoeLa imputación de Zapatero coincide en el tiempo con el complejo escenario judicial que afronta Begoña Gómez, esposa del actual presidente del Gobierno, y quien el lunes solicitó a la Audiencia Provincial de Madrid que, de llegar a juicio con jurado, se la absuelva de los cuatro delitos que se le imputan, ya que considera que “los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno”.Tras meses de instrucción en los juzgados de Madrid, Gómez se encuentra formalmente procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.El proceso penal contra la esposa del presidente se centra en dos casos.En primer lugar, se investiga si Gómez habría utilizado su influencia desde el Palacio de la Moncloa para firmar cartas de recomendación que presuntamente favorecieron la adjudicación de contratos públicos millonarios a empresas de Carlos Barrabés, un empresario del comercio electrónico español que obtuvo contratos por parte de la entidad pública Red.es y sobre cuyo proceso se sospecha que pudieron haber influido los avales de la esposa del presidente. LEA TAMBIÉN En segundo lugar, la justicia indaga la presunta apropiación de una plataforma tecnológica financiada con fondos públicos para la cátedra que ella misma codirigía. El juez del caso sostiene que Gómez registró como suya una herramienta informática de sostenibilidad para pymes diseñada para la Universidad Complutense (UCM) y que fue desarrollada gratis por gigantes como Google, Indra y Telefónica.Aunque se trata de causas independientes, instruidas por distintos magistrados, ambos casos se han conectado en el debate político al afectar de lleno al entorno más cercano del PSOE. De hecho, las partes acusadoras han llegado a solicitar hasta 24 años de prisión para Gómez.CAMILO A. CASTILLO - Subeditor Internacional - X: (@camiloandres894)(*) Con información de EFE y AFP Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
