La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero es una noticia funesta para nuestra democracia. Los regímenes representativos, como recordara la profesora Victoria Camps en su último ensayo, descansan, en gran medida, sobre la confianza en las instituciones. Que el prestigio y la reputación de un expresidente queden severamente dañados, a falta de que puedan sustanciarse responsabilidades penales, no es una buena noticia para nadie. Tampoco, aunque algún fanático lo crea, para la derecha. España merece contar con una nómina de expresidentes exhibibles y una democracia sana necesita tener referentes progresistas y conservadores a los que mirar con orgullo.Uno de los efectos colaterales derivados de esta noticia ha sido la alienación definitiva de parte de nuestro ecosistema mediático. La salud de una democracia suele ser directamente proporcional a la calidad de su información y los medios, al igual que los poderes del Estado, se sostienen sobre una confianza de la ciudadanía que debe ser merecida. Que en España se haya aceptado que la ideología condicione la percepción y narración de los hechos o que se naturalice que alguien se confiese periodista y activista al mismo tiempo da cuenta de hasta qué punto la degradación política ha sido capaz de infectarlo casi todo.Ante un acontecimiento de tantísimo voltaje emocional como la imputación de Zapatero, hay medios de comunicación, como Televisión Española, que se han lanzado a ejercer un posicionamiento de parte difícilmente compatible con la información veraz. Tampoco prestigia el oficio el que, en la derecha, algunos comunicadores hayan decidido celebrar los detalles del auto como si fueran los goles de su equipo en una final de Champions.Nadie está a salvo de tener sesgos, pero en los últimos días se está evidenciando cómo la ceguera ideológica o el interés de parte están horadando los cimientos de la credibilidad de la información. Por supuesto, y por fortuna, al lado de estos excesos, muchos medios están demostrando rigor, prudencia y un escrutinio escrupuloso de los hechos.En el caso de que se demuestren ciertos los indicios que apuntan al expresidente nuestra confianza pública quedará severamente dañada. Lo último que podríamos consentir es que la ciudadanía encontrara razones para perder, también, la confianza en quienes estamos llamados a fiscalizar al poder. Nuestra democracia puede resistir otro escándalo político. Pero no sobrevivirá si se extiende la sospecha de que ya nadie dice la verdad.