"Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía". Esta máxima atribuida al filósofo Séneca está asimilada en el Código Penal español a través del epígrafe 6 del artículo 21, introducido en la reforma de 2010, dentro de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal: "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa".PublicidadEsta atenuante permite una reducción de la condena, tal y como regula el artículo 66 del Código Penal. Así, en los casos en los que concurra únicamente esta atenuante por dilaciones indebidas, se impondrá la pena en su mitad inferior.Pero si la atenuante se considera como "muy cualificada", es decir, en casos en los que el procedimiento haya sufrido un retraso notable, la pena podría verse reducida en uno o dos grados. Una rebaja muy considerable. El Código Penal no establece plazos para considerar que existen dilaciones indebidas desde que una causa penal se inicia hasta el momento en que se dicta el veredicto. Pero puede entenderse que, por ejemplo, casi 13 años sea un tiempo excesivo para resolver un procedimiento. Es lo que ocurrió con el proceso penal abierto en septiembre de 2012 a causa de la primera manifestación Rodea el Congreso, que tuvo lugar el 25 de septiembre de ese año. En junio de 2025 se conocía la sentencia.PublicidadDilaciones indebidas muy cualificadas. Este fue el concepto por el que antes de la celebración del juicio la Fiscalía atenuó las peticiones de condena para seis de los 21 procesados por los altercados de aquel primer Rodea el Congreso, el 25 de septiembre de 2012, la protesta multitudinaria frente a la Cámara Baja contra la corrupción del Gobierno de Rajoy y el bipartidismo, en el marco del 15M y la crisis económica. La sentencia condenó a cinco de los activistas a penas mínimas que no implicaban el ingreso en prisión.Los avisos de la FiscalíaEs la Fiscalía la que debe procurar que el procedimiento no se demore más allá de lo necesario o, al menos, advertir de ello a los jueces y juezas instructores. Esto es lo que ocurrió en una de las causas que ahora se juzgan, la operación Kitchen, sobre el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle pruebas de la caja b del Partido Popular. La sombra de las dilaciones indebidas planea sobre este procedimiento en el que hay 10 acusados sentados en el banquillo, entre ellos Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy. Aquel operativo parapolicial se desarrolló entre 2013 y 2015, en un momento muy comprometido para el Partido Popular por la investigación sobre los llamados papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, que arrojaban indicios de una contabilidad paralela en el seno del PP, con donaciones extracontables y pagos de dinero negro a los dirigentes de la formación conservadora.PublicidadLa investigación arrancó en octubre de 2018 como una pieza separada de la macrocausa Tándem o caso Villarejo. En febrero de 2023, la Fiscalía presentaba su escrito de acusación, tras concluir la instrucción, pero el juez Manuel García-Castellón no acababa de dictar el auto de apertura de juicio oral. Los fiscales anticorrupción adscritos al caso dieron un toque al magistrado, instándole a acabar dicho auto ante el riesgo de que los acusados pudieran beneficiarse en un fututo de dilaciones indebidas y rebajas de condena. En enero de 2024 quedaba listo ese auto de apertura de juicio oral, una vez que el magistrado lo rectificaba para excluir de él los delitos de secuestro y organización criminal. El juicio comenzó el pasado 6 de abril y la última sesión está prevista para el 30 de junio, por lo que la sentencia podría estar lista tras la vuelta del verano. Habrán pasado casi nueve años desde que se inició la causa. En ese caso, las defensas ya han protestado por las dilaciones indebidas, por las que solicitaron la nulidad del procedimiento al comienzo de la vista oral en la Audiencia Nacional. "A los primeros que les duele cuando la justicia tiene este aquilatamiento temporal es a los propios tribunales. No queremos contribuir a que esto se alargue más. Hace dos años se señaló el juicio y ya tocaba. No ha podido ser antes porque había causas con preso", replicó la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. Villarejo, beneficiadoEl comisario jubilado José Manuel Villarejo ha sido condenado recientemente por otra pieza separada de la macrocausa Tandem, el caso Dina, a tres años y seis meses de cárcel por un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, en el marco del robo del móvil en noviembre de 2015 a Dina Bouselham, por entonces asesora del ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. El tribunal le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la causa, en 2017, y el enjuiciamiento. Pederastas y proxenetas impunesEs especialmente sangrante cuando por dilaciones indebidas quedan impunes delitos tan graves como las agresiones sexuales a niñas, niños y mujeres. La red de explotación sexual infantil que anidó en Murcia durante años y que fue destapada en 2014 es el paradigma de la impunidad a la que conduce la justicia tardía. En este caso fueron diez años de dilaciones que acabaron en un pacto de la Fiscalía con siete empresarios que habían pagado por prostituir a unas adolescentes vulnerables. A cambio de reconocer su culpabilidad y en base a las dilaciones indebidas, la Fiscalía acordó penas menores, que les evitó la entrada en prisión. Sí cumplieron penas de cárcel las tres mujeres condenadas por prostituir a las niñas y un taxista que las trasladaba.Ninguna de las víctimas —las once adolescentes de entre 14 y 17 años en su momento— se personó en el juicio como acusación ni la Fiscalía les informó del pacto de conformidad al que llegó con los acusados. Este proceder que dejó más desamparadas aún a las jóvenes damnificadas dio lugar a una instrucción de la Fiscalía Superior de Murcia para que este tipo de acuerdos contaran con supervisión de la propia institución ante el escándalo de un pacto de conformidad totalmente evitable. La condena del exdecanoY en Sevilla, otro condenado por agresiones sexuales tampoco entró en prisión por aplicársele la atenuante de dilaciones indebidas. Se trata de Santiago Romero, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, condenado a siete años y nueve meses de prisión por haber agredido sexualmente a tres profesoras de su mismo departamento, entre 2007 y 2009. El procedimiento se inició en enero de 2011 y la sentencia en diciembre de 2016. En 2019 se pronunció la Audiencia de Sevilla, que rebajó la condena a dos años y ocho meses al aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, lo que evitó la entrada en prisión del exdecano.PublicidadEl Ministerio de Justicia indemnizó en 2024 a una de las víctimas que había denunciado mal funcionamiento de la Justicia por las dilaciones producidas en el caso. Fueron 60.000 euros de indemnización. Justicia reconoció que los retrasos en la causa causaron un daño a la víctima, que "se vio durante largo tiempo perjudicada en su trabajo" y que "debió aplicarse la perspectiva de género y mayor diligencia y no se hizo".La respuesta del ministerio llegó después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional que amparó a esa misma profesora. La sentencia consideró que la decisión de la Audiencia de Sevilla de aplicar la atenuante de las dilaciones al exdecano lesionó el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima, al responsabilizarla del retraso en la tramitación de la causa por haber tardado aproximadamente dos años en denunciar los hechos. Pero esa resolución de la corte de garantías se quedó en lo simbólico puesto que ya no fue posible remediar la rebaja del condenado.