Los tribunales de refuerzo creados en marzo para aliviar el colapso judicial aceleran casos de violencia doméstica, de conducción y hurtos
La fiscal no duda y pide cuatro años y medio de cárcel y la expulsión de España una vez haya cumplido tres cuartas partes de la pena. El acusado es un ciudadano georgiano que en junio cometió dos robos con violencia, con apenas cuatro días de diferencia, a taxistas junto a otra persona no identificada. Su dependencia a las drogas, a la que alude el abogado defensor, no es tenida en cuenta como atenuante por la fiscal: “
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-plantea-facilitar-la-expulsion-de-inmigrantes-con-papeles-que-cometan-delitos.html" data-link-track-dtm="">No tiene arraigo de ningún tipo y se dedica a la comisión de delitos violentos... su caso genera alarma social”. El juicio llega a su fin y, con él, un carrusel de siete juicios celebrados el pasado martes en la sala 233 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
El robo a los taxistas quedó visto para sentencia en una hora, pero otros se cierran en apenas 15 minutos y la incomparecencia de dos carteristas del metro—supuestamente apresados en Suiza, según explica un mosso d’esquadra— ha permitido cerrar en falso otro en menos de diez. Es el día a día de los cuatro juzgados de refuerzo que se pusieron en marcha en marzo para celebrar juicios rápidos. Las administraciones los han presentado como medida estrella de un plan de choque para luchar contra los delincuentes multirreincidentes y la inseguridad, que es la mayor preocupación de los barceloneses. Pero el sistema judicial lo entiende, sobre todo, como una vía rápida y provisional (cada seis meses se debe aprobar su renovación y la asignación de efectivos) para aligerar el colapso por la falta de recursos en el que está inmersa la justicia, en este caso los juzgados de lo penal.
