El primer Atlas de la Pobreza Energética de España, elaborado por investigadores del Basque Centre for Climate Change (BC3), permite explorar barrio a barrio (es decir, por unidad censal) las facturas energéticas domésticas. El objetivo que se han marcado los autores de esta herramienta, que adelanta EL PAÍS, es ayudar a la identificación de los barrios más vulnerables donde las familias tienen más dificultades para hacer frente a las necesidades de calentar, enfriar y del resto de consumos energéticos. Buscan asistir a las Administraciones en las políticas de ayudas contra este tipo de pobreza. Si se atiende solo a las facturas de electricidad, gas y otros combustibles, el atlas muestra una clara distribución geográfica donde las condiciones meteorológicas aparecen como el mayor condicionante. En términos absolutos, el gasto más elevado se concentra en la zona centro-norte peninsular, con unas necesidades de calefacción mayores. Pero los investigadores han ido un paso más allá y han cruzado esos datos con los de las rentas familiares para calcular lo que denominan la carga energética, es decir, la proporción del ingreso neto de un hogar destinada al pago de la energía. Y la historia cambia entonces mucho. Consulte el siguiente mapa, calle a calle, los datos de la factura y la carga energética. El gasto medio anual de la factura energética doméstica asciende a 763 euros por hogar en España. Aunque 12,9 millones de habitantes (más del 25% de la población española) pagan más de 800 euros. En los extremos, el mínimo se sitúa en 345 euros en una sección censal de Melilla, mientras que el máximo alcanzó los 1.783 euros en una de Madrid.Pero el mayor valor de esta herramienta surge cuando se cruzan los datos con los de los ingresos en los hogares, partiendo de la Encuesta de Condiciones de Vida, del INE. Así calculan los investigadores la carga energética barrio a barrio, que dibuja un mapa de España distinto en el que las diferencias territoriales motivadas por el clima se diluyen. Este indicador “capta mejor dónde las facturas suponen un esfuerzo relativo más elevado y, por tanto, dónde hay más probabilidad de sufrir pobreza energética”, explican los investigadores en el informe donde detallan las principales conclusiones que se pueden extraer de un atlas impulsado por el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática del BC3 con el apoyo de la European Climate Foundation. “Nos muestra la capacidad de pago de los hogares”, resume Manuel Tomás, el investigador del BC3 que está al frente de los trabajos para elaborar esta herramienta. La media española de carga energética de los domicilios es del 3,6%. Con los datos que aporta el atlas, se puede concluir que 10,5 millones de personas del país (cerca del 22% de la población española) están por encima del 4%. Además, 1,3 millones de ciudadanos (el 2,7% de los habitantes) están en lo que se podría considerar la zona roja, con una carga superior al 5,5%, llegando a superar el 9% en las zonas más vulnerables.“Hasta ahora sabíamos que la pobreza energética existía, pero no siempre dónde se concentraba a nivel local”, añade Tomás sobre la importancia del atlas. “La idea es usarlo para ayudar a la gente que trabaja sobre el terreno, porque puede permitir a las autoridades locales focalizar mejor las ayudas a la población”, añade este investigador. Se trataría de pasar a usar un bisturí en lugar de un mazo en la lucha contra la pobreza energética. Combatir este problema, como resalta Mikel González-Eguino, director del Observatorio de la Transición Energética, no solo tiene efectos positivos en cuanto a la justicia social, sino también en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, mejorar en la eficiencia energética de los edificios para que las facturas sean menores redunda en menos consumo y menos emisiones de efecto invernadero. “Las políticas de rehabilitación ayudan tanto a la pobreza energética como al clima”, resume González-Eguino. El indicador de carga energética suaviza buena parte de los contrastes territoriales observados solo con el gasto, ya que “las diferencias de ingresos compensan parcialmente las diferencias climáticas”, explican los autores. Entonces, emergen las verdaderas desigualdades, que se dan dentro de cada ciudad. “La carga energética muestra una heterogeneidad intraurbana notable, con contrastes entre secciones y patrones de concentración espacial de la vulnerabilidad”, señalan los autores en su informe. “Los mapas de las diferentes ciudades muestran un patrón en el que las secciones con cargas energéticas más elevadas tienden a concentrarse en áreas más periféricas y, a menudo, en barrios de menor renta”, afirman los investigadores. “En estas zonas, el parque residencial puede presentar peores características en términos de antigüedad, eficiencia térmica o tipología de vivienda, lo que incrementa el gasto y el consumo energético necesarios para alcanzar un nivel de confort térmico adecuado en los hogares”, añaden. Localizar esas áreas a través del atlas puede ayudar a las autoridades a focalizar las ayudas públicas en esos barrios más vulnerables donde “se acumulan ingresos bajos, cargas energéticas elevadas y un parque edificatorio envejecido”. “Estas áreas podrían considerarse zonas prioritarias de actuación, sin perjuicio de que puedan realizarse otros tipos de cribados de interés”, proponen los autores del BC3.Si se observan los datos por ciudades y no barrio a barrio, en las dos mayores urbes del país, Madrid y Barcelona, se dan facturas energéticas medias elevadas —546 y 538 euros respectivamente por unidad de consumo equivalente—, pero también tienen niveles de ingresos medios más altos, lo que hace que la carga energética media de sus secciones (3,16% y 2,96%, respectivamente) no se sitúe entre las más altas de las grandes ciudades. En el lado opuesto se sitúan ciudades con menores ingresos, como Albacete, donde la carga energética media de las secciones es más elevada. Tomás explica que el caso de esta ciudad refleja bien lo que ocurre tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla y León, zonas con “rentas medias más bajas” y que tienen “una vulnerabilidad energética más alta” al ser regiones de interior con unas necesidades de calefacción que en “las zonas costeras del país se ven suavizadas”. En cualquier caso, los datos comparados entre las grandes ciudades no muestran diferencias extremas. Porque, como insisten los investigadores, lo que hay es una “gran heterogeneidad intramunicipal”, con grandes diferencias entre secciones censales. González-Eguino explica que esta es la primera edición del atlas y que la idea es actualizar y enriquecerlo en las siguientes ediciones. “Añadiremos, por ejemplo, datos de transporte”, que también influyen de una manera determinante en la pobreza energética. Precisamente esta semana, la organización ecologista Greenpeace publicó un informe que iba en esa línea en el que advertía de que el 13,9% de los hogares con ingresos bajos o medios destina al transporte una proporción de su presupuesto que duplica la mediana nacional. Además, el 15,2% de esa misma población gasta más del 6% de su presupuesto total en moverse. Esta situación hace a los hogares altamente vulnerables ante cualquier subida de precios de los combustibles derivada del contexto geopolítico.