La jubilación anticipada por razón de actividad permite a determinados trabajadores reducir su edad de jubilación cuando su profesión implica condiciones especialmente duras, peligrosas o insalubres. Así lo explica Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, al recordar que no se trata de una decisión voluntaria sin más, sino de un derecho reconocido por la ley. Según detalla el especialista, “hay trabajadores que pueden reducir legalmente su edad de jubilación debido a las especiales condiciones de su actividad profesional”. Esta modalidad está regulada en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social y se aplica a trabajos considerados excepcionalmente penosos, peligrosos, tóxicos, insalubres o con elevados índices de morbilidad o mortalidad. La clave está en que esta fórmula no funciona como una jubilación anticipada ordinaria, en la que el trabajador suele asumir una reducción en la pensión. En muchos casos, quienes pertenecen a estos colectivos pueden adelantar su retiro sin sufrir las penalizaciones económicas habituales, porque el sistema entiende que el adelanto responde al desgaste acumulado durante años de actividad profesional. Entre los colectivos que ya cuentan con este derecho figuran los trabajadores del mar, mineros, personal de vuelo, artistas, profesionales taurinos, bomberos, policías locales y miembros de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra. Más recientemente, también se han incorporado los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales, debido a su exposición al fuego, emergencias, riesgos naturales, turnos prolongados y desgaste físico y psicológico. El avance de nuevos colectivos, sin embargo, sigue generando debate. En octubre de 2024, el Gobierno aprobó un nuevo reglamento para establecer un procedimiento general y objetivo que permita determinar qué profesiones pueden acogerse a estos coeficientes reductores de la edad de jubilación. Aun así, sindicatos como Comisiones Obreras y UGT critican que los estudios avanzan con lentitud y reclaman más agilidad, medios técnicos y una aplicación efectiva del marco normativo. Sanitarios, transportistas, camareras de piso, trabajadores de ayuda a domicilio, empleados de la construcción, la Guardia Civil y la Policía Nacional son algunos de los sectores que reclaman este reconocimiento por la dureza de sus funciones. Alfonso Muñoz Cuenca advierte de que el proceso es complejo por su coste económico, la dificultad técnica para acreditar las condiciones de cada actividad y el posible efecto cadena, aunque defiende que el sistema debe valorar mejor a quienes han soportado carreras laborales largas y especialmente exigentes.