La comunidad marroquí afincada en Barcelona tramita el certificado de antecedentes penales, básico para optar a la regularización extraordinaria
Youness sale del consulado de Marruecos en Barcelona con un papel bajo el brazo que solo le ha costado tres euros, pero cuyo valor es incalculable: el documento oficial que acredita, con un “no consta”, que no ha cometido delitos ni ha sido condenado en su país durante los últimos cinco años. “Estoy contento. Ahora lo llevaré a traduci...
r y con eso creo que ya lo tendré todo”, cuenta este hombre de 23 años, que permanece en situación irregular y que con toda probabilidad se convertirá en uno de los más de medio millón de beneficiarios de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. Youness trabaja en una empresa de reparto a domicilio en condiciones precarias. Confía en que, con el permiso de residencia y trabajo, podrá dedicarse al fin a aquello para lo que se ha formado y que mejor se le da: “Mecánico de bicis y motos”.
El certificado de antecedentes penales en el país de origen es una de las exigencias de la regularización recién aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese trámite en particular es, también, uno de los que más inquietud genera a los extranjeros. La lentitud e incluso las trabas de algunos consulados a la hora de tramitarlo amenazan con privar a extranjeros de beneficiarse de la norma. Quien no lo logre deberá formalizar su solicitud acompañada de un justificante que indique que lo ha pedido sin éxito y que autoriza al Ministerio de Justicia a solicitarlo por vía diplomática. El decreto prevé que el proceso quede en suspenso tres meses mientras se explora esa vía, esencial para acceder a la regularización.
