La entidad Arrels alerta del riesgo de que extranjeros que viven en la calle, sin pasaporte ni empadronamiento, queden excluidos de la medida
En Arrels, una entidad catalana que atiende a personas sin hogar, llevan semanas dándole vueltas a un problema: ¿cómo lograr que los extranjeros que viven en la calle y sin documentación sean, también, beneficiarios de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno? “Presentaremos los expedientes lo mejor que podamos, pero no sabemos qué papeles vamos a poder tener y si van a servir”, reflexiona Eva Hobiech, responsable del equipo jurídico de Arrels ante un procedimiento administrativo que vuelve a constatar la invisibilidad de los más vulnerables entre los vulnerables. En conversación con EL PAÍS, Hobiech advierte del riesgo real de que muchas de esas personas, sobre todo las que carecen de documentación, queden fuera del abrigo de la regularización, expulsadas del sistema a perpetuidad.
El objetivo declarado de la norma es facilitar al máximo que los extranjeros dejen de vivir en situación irregular en España. Pero los requisitos que impone el decreto, que para la mayoría son una dificultad salvable, se convierten, para las personas sin hogar, en un muro casi infranqueable. La última encuesta de Arrels a extracomunitarios que viven en la calle en Barcelona revela que el 75% de los 670 entrevistados carece de documentación, bien porque la perdieron en algún momento, bien porque les fue sustraída. “La falta de documentación del país de origen, o incluso de documentación en vigor, es el principal escollo que nos encontramos; a partir de ahí, todo son problemas”, apunta Hobiech.
