La sociedad española se muestra dividida ante la iniciativa: un 37,6% la valora positivamente, frente a un 33% que la evalúa de forma negativa
El 14 de abril marcó el pistoletazo de salida de la regularización extraordinaria de aquellas personas en situación administrativa irregular o solicitantes de asilo que residían en España antes del 1 de enero de 2026. La medida, que podría afectar a cerca de medio millón de inmigrantes, ha generado un intenso debate público. ¿Cómo percibe la ciudadanía esta iniciativa? El último barómetro de 40dB. ofrece una radiografía detallada de las opiniones y actitudes al respecto. En este análisis me centraré en tres aspectos...
fundamentales.
En primer lugar, la medida no cuenta con un respaldo mayoritario. La sociedad española se muestra dividida: un 37,6% la valora positivamente, frente a un 33% que la evalúa de forma negativa y un 21,5% que la califica como regular. En esta misma línea, tampoco existe consenso sobre si la medida es oportuna, necesaria, eficaz o justa. Como cabía esperar, estas divisiones responden en gran parte a factores políticos. Entre quienes votan a partidos de izquierdas predomina el apoyo a la medida —aunque es más intenso entre los votantes de Sumar y Podemos que entre los del PSOE—, mientras que entre quienes votan a partidos de derechas prevalece el rechazo, especialmente entre los votantes de Vox en comparación con los del PP. Con todo, el contacto cercano con la inmigración también influye en las percepciones: quienes conocen a alguna persona migrante potencialmente beneficiada tienden a valorar esta política de forma más positiva.
