Los sacaron del centro de menores sin preaviso y los metieron en furgonetas de 15 en 15. En minutos cruzarían la frontera de Ceuta con Marruecos y se les perdería la pista, a algunos para siempre. Durante tres días de mediados de agosto de 2021 se fueron tachando nombres de una lista, mientras que los que se quedaban gritaban, lloraban y hasta se autolesionaban para evitar ser devueltos. Decenas de niños huyeron, desaparecieron. Fue el caos. Cuatro años después de esa devolución ilegal de 55 menores marroquíes, la crónica de esos días, plasmada en los medios de comunicación y en los sucesivos procesos judiciales, vuelve a estar de actualidad. Los tribunales —incluido el Supremo en dos ocasiones— ya decretaron que aquella operación no fue legal, pero ahora responden por ella dos mujeres que alegan que cumplieron órdenes.
Mabel Deu, entonces mano derecha del presidente de Ceuta, Juan Manuel Vivas, y Salvadora Mateos, la exdelegada del Gobierno que seguía instrucciones del Ministerio del Interior, se han sentado en el banquillo acusadas de prevaricación administrativa continuada. La Fiscalía les pide 12 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, además de la pérdida de los honores asociados a sus antiguos puestos. Ambas alegan que cumplieron con las instrucciones recibidas desde el Ministerio del Interior y que confiaban en su legalidad. Lo mismo defienden sus colaboradores. Y aunque las negociaciones con Marruecos y esas instrucciones, escritas y verbales, partieron de Madrid, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni su entonces número dos, Rafael Pérez, han respondido judicialmente por el cuestionado procedimiento. Ahora, en un giro de guion inesperado, Pérez, que dejó el cargo el mes pasado, ha declarado este jueves como testigo para negar que él diese ninguna orden. Según Pérez, el escrito del 10 de agosto de 2021, con membrete de su Secretaría de Estado, en el que se pedía que se ejecutara el retorno fue apenas una comunicación.
