La orden del Supremo para que el Gobierno les proporcione asilo inmediato choca con el deseo de algunos de ellos
El auto del Supremo que ha dado de plazo hasta el 21 de noviembre al Gobierno para ubicar en sus centros a los menores migrantes que han solicitado asilo está costando más de un disgusto a las organizaciones que trabajan con estos chicos y a las familias que les prestan cobertura. La primera resolución del tribunal llegó en marzo, pero la pelea política impidió avances hasta ahora, cuando las prisas están jugando malas pasadas. “Nunca he visto al niño llorar como hoy”, dice una de las madres canarias de un maliense que ha sido trasladado de la noche a la mañana desde su centro de acogida en Tenerife, de la comunidad, hasta Las Palmas, al centro Canarias 50, del Gobierno. Y ella tampoco puede contener las lágrimas al otro lado del teléfono.
Fue Canarias quien llevó al Supremo la acogida de los menores que solicitan asilo porque sus centros están saturados, y a la comunidad correspondía elaborar los expedientes de cada uno de ellos, con su situación particular, para que fueran ubicados por el Ministerio de Migraciones sin mayores trastornos. Pero muchos de ellos no quieren ir a la península porque ya tienen su colegio, sus amigos y sus familias en las islas. El Supremo ha dictaminado, pero la falta de plazas gubernamentales en la comunidad para reacomodar a más de 600 muchachos ha ocasionado situaciones de desarraigo, denuncian las organizaciones.
